¿Prioridades educacionales?

Sorprenden al país las acciones en orden a implementar lo que se ha dado en llamar plan de “educación sexual integral”. Esto tiene lugar a través de una cierta intervención de tipo presencial en las comunidades escolares, como la que ha atestiguado una escuela en Talcahuano y, aparentemente, también en otros lugares, envolviendo videos y acciones físicas. También se ha dado la implementación de este plan a través de una intervención de índole más intelectual, esto es a través de textos de estudio y material escolar diseñados en el propósito de introducir una abierta agenda de sexualización escolar. Ambas cosas, intervenciones presenciales y material de apoyo, han operado sobre la base de preceptos generales contenidos en programas, pero no se cuenta, al parecer, con una resolución oficial, de índole legal y administrativa, que provea un respaldo a la ejecución de tales acciones, especialmente en su accionar específico. Esto está operando de hecho, bajo el auspicio de distintas entidades del aparato estatal, pero sin contar con las mínimas formalidades requeridas al tratarse de un asunto con delicadas implicancias. Pero, por sobre todo, no se ha discutido ni informado a los padres y las familias, que son los primeros sorprendidos al enterarse de las acciones presenciales específicas y del material concreto al que son sometidos sus hijos, en un tema en que tradicionalmente ha primado el juicio parental por encima de intervenciones externas. Se trata de un tema que afecta el derecho de las familias para orientar a sus hijos y proveerles un marco de referencia conductual en los delicados temas que tienen que ver con su identidad sexual y su desarrollo futuro.

Este es un intento que ya tuvo lugar en países desarrollados hace ya algún tiempo, impulsado por las comunidades LGTBQ y por medio de una cierta visión impuesta por el radicalismo de izquierda. Intentos que fueron ahogados en medio de un embate destinado a consolidar la democracia, y proveer bases sólidas para que las personas tengan efectiva libertad de opción en materias sexuales, así como también en materias políticas y sociales. Este rechazo también se asoció a la idea, más discutible, de que las acciones educativas en el terreno de la sexualidad abrían las oportunidades para el enraizamiento de prácticas pedófilas. Pero tal rechazo se ha enraizado también en la idea de que la base de la sociedad es efectivamente la familia, como núcleo responsable de proveer formación en materias valóricas, por cierto apoyados en el propio sistema escolar. Los esfuerzos, orientados a imponer una cierta visión del individuo, la familia y los derechos sexuales, se confrontó con los feroces vaivenes políticos de la primera mitad del siglo XX y con la consolidación de la democracia. El temprano intento de movimientos de izquierda por llevar adelante la iniciativa de sexualización temprana se estrelló contra el muro que levantó la defensa de los intereses de la niñez y de la familia, siendo el tema fundamental en debate la definición de la madurez necesaria para recibir información sobre este tema por parte de los niños.

El plan que se ha comenzado a instaurar en la realidad chilena, especialmente a través de su educación pública, tiene lugar cuando al mismo tiempo se está enfrentando una severa crisis educacional enraizada hace ya varios años. La misma pone a prueba la eficiencia y eficacia de los servicios educacionales revelada, por ejemplo, por el gran retraso en la entrega de los puntajes de pruebas nacionales, la altas tasas de deserción que presenta el sistema escolar, los agudos problemas de salud mental que parecen prevalecer en el estudiantado y la situación de incontrolada violencia presente en varios colegios públicos. Pero la crisis también se denota por los resultados que ofrece actualmente el sistema en aspectos tales como baja comprensión lectora y deficientes competencias analíticas, que inhabilitan severamente a nuestros niños. ¿No será una prioridad para la educación y el sistema escolar enfatizar estos aspectos deficitarios del sistema antes que adentrarse en una materia tan controvertida como la iniciativa sobre sexualidad integral? Es necesario que la autoridad educacional ponga en clara perspectiva sus prioridades, y las orientaciones que a partir de ellas deben proveer a un plan de acción.

Lo prioritario ahora es una agenda de discusión sobre la ESI con las comunidades escolares pero, fundamentalmente, con los padres y familias. Se está trasgrediendo valores que son fundamentales en nuestra sociedad y para una efectiva libertad de pensamiento. Esto está poniendo en riesgo la posibilidad de poder alcanzar mejores estándares de rendimiento educacional. Todo hace aconsejable un diálogo en el que tengan además la relevante opinión los educadores.

Prof. Luis A. Riveros

Universidad Central