Economía y crisis de seguridad
La actual crisis de seguridad que estamos viviendo representa un serio peligro para nuestro país, y por ello, se deben destinar todos los esfuerzos para diseñar un plan (integral) que permita poner atajo al terrible flagelo de la delincuencia. El problema es complejo, qué duda cabe, y las causas para el fenómeno son multifactoriales. Desde la economía, se pueden plantear algunas ideas que permitan aportar al debate y a la construcción de medidas que, según lo que indica la experiencia comparada, han resultado exitosas.
Lo primero que se puede mencionar en este contexto, es algo que resulta fundamental en el diseño de cualquier programa o política pública, esto es, contar con una estrategia que permita evaluar el efecto o impacto que tendrá la intervención de política. Así, con un diseño riguroso desde el inicio, será posible identificar cuáles serán los efectos o resultados que se le podrían atribuir al programa en sí. ¿Fue exitoso en disminuir las tasas de criminalidad? ¿Fue exitoso en términos de aumentar las tasas de denuncia? ¿Hubo más o menos crimen del que hubiese existido en ausencia del programa? ¿Hay evidencia que permita tener fundamentos sólidos para decidir replicarlo (en este caso, un programa anti crimen) en, por ejemplo, otras regiones o comunas o barrios del país? Hoy es posible responder estas preguntas a partir de las herramientas que nos provee la literatura de evaluación de impacto, pero para ello, de nuevo, debe incorporarse desde el comienzo una estrategia de evaluación.
Dicho lo anterior, la evidencia empírica en torno a la denominada “economía del crimen” menciona algunos resultados que, me parece, debiésemos tener en cuenta. Por ejemplo, esta muestra que hay que prestar atención a los incentivos presentes en la economía y que son, por tanto, drivers de la criminalidad. Se pueden mencionar dos incentivos, en este contexto. Primero, el retorno económico relativo de las actividades ilícitas (respecto del retorno asociado a las actividades en el mercado formal). Segundo, el castigo esperado asociado a la actividad delictual.
Respecto del primer aspecto, la evidencia empírica señala que los salarios de la parte baja de la distribución se asocian fuertemente con el crimen, es decir, bajos salarios incentivan a las personas a cometer actividades ilícitas, puesto que se vuelven relativamente más rentables (Draca y Machin, 2015). Respecto del segundo punto, se debe prestar atención a las penas asociadas a delinquir, y a la probabilidad de ser sorprendido (persecución exitosa de la criminalidad).
Sobre el primer aspecto, debemos entonces prestar atención al mercado laboral, y generar las condiciones para lograr crecimientos sostenidos de los salarios reales. Sobre lo segundo, habría que avanzar en la línea de incrementar el castigo esperado, ya sea aumentando las penas o incrementando la probabilidad de ser sorprendido (lo que puede implicar aumentar los recursos para la persecución de los delitos).
Rodrigo Montero
Decano Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma
