Empobreciendo al más pobre
La inflación ha vuelto a convertirse en una amenaza importante para el debido funcionamiento de la economía y el nivel de vida de las familias. En efecto, la tasa de inflación del año 2022 alcanzó a casi tres veces el porcentaje de crecimiento de los precios que se venía observando durante años anteriores. Naturalmente, para una generación que no acostumbraba a experimentar las consecuencias de este fenómeno, éste ha revestido el carácter de severa dificultad. Se había pronosticado una inflación para el mes de enero de un 0.6%; la tasa efectiva alcanzó, sin embargo, un 0.8% lo cual ha hecho revivir el temor acerca de la persistencia de una relativamente alta inflación. Ciertamente preocupante: la tasa de inflación a 12 meses, incluyendo el último enero, alcanzó a un 12.3%. Estas cifras, sin embargo, parecen no poner en riesgo la expectativa de alcanzar una inflación de 5 o 6% para este año 2023. Es importante destacar que el mayor nivel de gasto durante el año recién pasado, explica en mucho la tendencia del IPC, nivel de gasto asociado en gran medida al aumento del poder adquisitivo que, a su vez, estuvo ocasionado por los retiros de fondos previsionales y las varias bonificaciones entregadas como ayuda social.
Sin embargo, el gasto público durante el año recién pasado se enmarcó en las pautas fijadas por la ley de presupuesto aprobada a fines del año 2021, y que consultaba esencialmente un equilibrio fiscal. Esto, justamente., como una forma de colaborar a la obtención de una menor inflación durante este año por la vía de la contención del gasto. Por lo demás, debido precisamente a la existencia de una economía mas “apretada”, el consumo ha estado cayendo del mismo modo como lo ha hecho la inversión. Y eso seguirá ocurriendo durante el presente año por lo que la tasa de inflación que se observará será efectivamente menor a la del año recién pasado. No hay que olvidar que el Banco Central ha puesto su empeño en reducir la inflación por medio de elevadas tasas referenciales, lo cual afecta negativamente a la inversión y, por lo tanto, al crecimiento y el empleo. Sin embargo, las recientes cifras de enero parecen no arriesgar este proceso de “enfriamiento” que, en materia de precios, aminorará la presión que venía desarrollándose. Por cierto este proceso, como se sabe, también traerá como consecuencia un caída del producto, que significa que Chile será la única economía en la región que experimentará este proceso, con sus consecuencias en materia de empleo y de salarios. Es un caso de texto: aminorar la inflación tan perjudicial para el poder adquisitivo promedio, trae como consecuencia un ajuste que envuelve una contracción con resultados negativos.
Pero el problema va más allá: existen consecuencias muy inequitativas desde el punto de vista social. La inflación disminuye el poder adquisitivo promedio, como por ejemplo en poco más de 12% el año 2022. Pero el problema mayor es cuando se examina el impacto del problema a nivel de los productos consumidos. En efecto, si se considera la canasta básica de alimentos, el aumento de su precio ha estado cerca de 28% durante este mismo año. Solamente el precio del pan ha crecido en más de 28% durante el año recién pasado. Y durante el mes pasado (enero) a pesar de que la inflación promedio estuvo en 0.8%, la inflación de la canasta básica alcanzó a 1.1% . Por supuesto, todo esto significa un castigo mayor precisamente para los sectores de menores ingresos. Esta población depende fundamentalmente de su salario, el cual ha estado descendiendo en términos reales de modo significativo, y lo continuará haciendo durante el 2023 como parte del ajuste o “enfriamiento” que experimentará la economía chilena. Esto significa que gran parte del ajuste lo pagan los más pobres, cuestión inherente a los procesos inflacionarios como, por ejemplo, los que viven mucho más crudamente varios países en la región.
La entrega de ayudas sociales debe diseñarse con mucho cuidado por el inevitable efecto que ello tiene en el gasto y la inflación. Esto no quiere decir que deban ser suprimidas, especialmente considerando la tragedia que está viviendo el sur de Chile. Lo que quiere decir, es que el mayor gasto social debe compensarse con la eliminación de gasto más bien superfluo o posible de posponer, que siempre consultan los servicios y empresas públicas. Esta “reubicación” del gasto debe hacerse con talento y visión de país, puesto que no se puede seguir empobreciendo al más pobre, so pretexto de ayudarlos para sobrellevar una difícil situación económica.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
