​Políticas de nuevo trato de género en los gobiernos corporativos y participación de Trabajadores

Progresivamente se ha venido instalando en nuestra institucionalidad en la agenda de las empresas los temas de paridad de género en las empresas del Estado y en las sociedades anónimas abiertas y especiales, mediante políticas públicas que tienen por objeto establecer una relativa igualdad de género en los cargos de Ejecutivos y directores de las sociedades. Destacar que este nuevo paradigma de igualdad de género como política pública, tiene por objeto proteger a las mujeres otorgándoles igualdad de condiciones de competencias y de oportunidades para ejercer cargos empresariales con los hombres. Se ha formado de esta manera en Chile una política de Estado en materia de género, que está alineada con los principios de buen gobierno corporativo de la OCDE, la que para materializarla ha tenido que ser regulada mediante leyes especiales, lo que demuestra que de otra manera no era viable que operara la denominada igualdad de género en las altas funciones de gobierno empresarial y denota también nuestra arraigada cultura legalista, en que los cambios de esta naturaleza solo operan por mandato de ley y no por “autorregulación” del mercado y sus agentes.

Así en el ámbito de las empresas del Estado, la Ley N°21.356, de 2021, establece que las personas de un mismo género “no pueden exceder el sesenta por ciento del toral de los miembros del directorio”, y en el ámbito de las sociedades anónimas abiertas y anónimas especiales – bancos, compañías de seguro, administradoras de fondos, AFPs, entre otras, se ingresó en el 25 de noviembre a trámite legislativo por la administración del Presidente Boric un proyecto de ley que modifica la ley de sociedades anónimas, y establece que “el directorio deberá estar integrado al menos por un cuarenta porciento de mujeres” y considera una regla temporal de entrada en vigencia gradual a seis años plazo de la entrada en vigencia de la ley. Esta reforma legal obligará a las sociedades anónimas abiertas y a las especiales a modificar sus estatutos sociales y a buscar candidatas mujeres para postular a cargos de directoras. Cabe señalar que el promedio de los países OCDE en materia de presencia de mujeres en directorios es de un 28% y en Chile actualmente es de un 15.2%, ubicándose en el cuartil más bajo de este club de países desarrollados.

La otra materia pendiente de debate en nuestro sistema empresarial societario, es el de la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas, donde se constata que no existe una política y ley uniforme, ya que un reciente estudio para la Asesoría Técnica Parlamentaria de junio de 2022, constató que de 25 empresas públicas solo 14 reconocen en sus estatutos o ley regulatoria algún grado de participación de los trabajadores en la empresa en sus órganos de administración y de las 14 que reconocen esta participación solo 2 tienen representación de trabajadores con derecho a voz y voto y 12 empresas públicas solo la limitan a un trabajador solo con derecho a voz. Los estudios de derecho comparado y económico reconocen que el elemento participación de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas o privadas, es un elemento aglutinador y de cohesión social virtuosos en la gestión y misión de la empresa. Lo mismo se puede predicar respecto de aquellas empresas privadas que llegando a un nivel de madurez empresarial y de patrimonio, entregan porcentajes de propiedad accionaria a sus trabajadores, materia en la que Chile está en pañales, salvo casos de excepción como las experiencias de las empresas Friosur SpA y Próxima S.A, que han ejecutado planes de entrega de propiedad accionaria a sus trabajadores.

En mi opinión el empresariado chileno debiera recoger el guante y abrir su agenda 2023 al debate de participación de los trabajadores en los directorios de las empresas de envergadura y a la materia de participación de los trabajadores en su propiedad accionaria – no como política asistencial o de beneficencia -, observando las experiencias de países europeos, India y Japón, oyendo a especialistas de la economía, del derecho y a los trabajadores, con la finalidad de propiciar una política integradora en estas materias en el corto plazo, política que solo traería beneficios a los actores involucrados, con el adicional de generar proyectos empresariales inclusivos y equitativos en un nuevo paradigma de trato entre capital y trabajo en una relación colaborativa y no confrontacional. Estos nuevos paradigmas otorgarían un nuevo sello valioso al modelo de desarrollo chileno. Se trata entonces de una oportunidad inédita para nuestro crecimiento país.

Oscar Torres Zagal,

Abogado