Los soterrados conflictos de accionistas en hacienda Santa Martina

Para ningún analista financiero ni para cualquier lector ocasional de avisos legales pasaron inadvertidas las publicaciones realizadas en un conocido diario digital del país con los avisos de citación que ordena efectuar la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, los pasados 26, 28 de agosto y 31 de agosto citando a sendas juntas extraordinarias de accionistas en las sociedades “Inversiones Punta de Lanza S.A.” e “Inversiones Punta del Sur S.A.”, ambas vinculadas al empresario Munir Hazbún Rezuc, y ambas controladoras de importantes entidades educacionales como la Universidad Bolivariana, la cual controla a su vez la Universidad Aconcagua; la Sociedad Educacional del Maule S.A., la cual controla una vasta red de colegios e institutos profesionales entre los cuales se cuentan el Instituto Profesional Valle Central, el colegio The Wessex de Concepción , el colegio The Wessex de Chillán; Centro Formación Técnica y Capacitación Barros Arana S.A., e importantes empresas de inversión, entre las cuales se encuentran Inversiones Agua Santa S.A., Inversiones KB S.A., Inversiones Agua Santa S.A.

A través de éstas se controla la última adquisición de Alejandra Muñoz Boudeguer y de sus socios en Inversiones Punta de Lanza S.A. e Inversiones Punta del Sur S.A., la conocida Hacienda Santa Martina, donde funciona el renombrado club de golf y club house ubicado en la comuna de Lo Barnechea.

La monotonía que suele existir en estas publicaciones se interrumpía porque el tenor de los avisos era muy diferente, muy brusco. En ambos avisos se señalaba que el objeto de las juntas era adoptar acuerdos respecto a la aprobación de balances, capitalización de utilidades retenidas y revalorizaciones existentes, de los años 2018 a 2022, es decir de 5 años consecutivos, algo insólito para sociedades que se estima manejan un patrimonio de miles de millones de pesos. Pero eso no era todo. El objetivo de las juntas era además revocar el directorio, el cual se encuentra integrado por el propio Munir Hazbún Rezuc, junto con Skándar Hazbún Rezuc, primo hermano del anterior y el abogado Jorge del Real y Westphal, para proceder luego a la elección de nuevos miembros del mismo y, como es habitual en estos casos, adoptar cualquier acto que sea procedente o necesario para la materialización de los acuerdos adoptados en la respectiva Junta de Accionistas.

Más insólito aún –y grave- eran las razones que se daban para utilizar este procedimiento de convocatoria. Las publicaciones señalan que se recurría a este procedimiento en atención a que el Directorio, no había convocado a ¡Juntas de Accionistas Ordinarias ni extraordinarias en conformidad a la ley, durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que va del presente año 2022! Por eso se hacía uso de esta herramienta entregada a los accionistas que representen más del 10% de las acciones de una sociedad y que está regulada en el artículo 58 N°4 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en el artículo 102 de su Reglamento.

Quien aparece convocando a las Juntas en ambas sociedades es María Alejandra Muñoz Boudeguer, señalando ser dueña del 50% del capital accionario de cada una de ellas y quien es nada menos que la cónyuge de Munir Hazbún, lo que es fácilmente comprobable solicitando el certificado de matrimonio en la web del Registro Civil y, por tanto, verificable.

Finalmente, y para hacer aún más evidente el conflicto, las Juntas Accionistas de ambas sociedades fueron citadas para celebrarse en las oficinas ubicadas en Paseo Huérfanos 835, piso 2, oficina 201, de la comuna y ciudad de Santiago, lugar en el cual funciona la Notaría de Evelyn Sánchez. Claro, atendido el conflicto señalado no podía ser de otra forma.

El abogado Francisco Pinochet Cantwell, quien representa a Alejandra Muñoz Boudeguer, se refirió a estos temas, entregando mayor información de las razones que, a su juicio, originan el conflicto que existe en el conglomerado de empresas y de lo que ocurrió en las Juntas.

El abogado señaló que se había procedido a la elección de nuevos miembros del directorio, y que ello había sido necesario ante la negativa de convocatoria a Junta Accionistas al Presidente del Directorio Jorge del Real Westphal, quien se había negado a efectuarlas en sucesivas oportunidades. El nuevo directorio quedó conformado por Alejandra Muñoz Boudeguer, por Skándar Hazbún Rezuc y el propio abogado Francisco Pinochet Cantwell.

Uno de los conflictos se gatilla, precisamente, en Hacienda Santa Martina. Esa fue adquirida mediante las sociedades de inversión que se controlan por Alejandra Muñoz Boudeguer y sus socios a través de Inversiones Punta de Lanza S.A. e Inversiones Punta del Sur S.A.

De acuerdo a la copia de la escritura pública de fecha 29 de octubre de 2001, otorgada en la Notaría Ramon García Carrasco, Comuna de Penco, repertorio notarial Nº 1684-2001, en la cual consta que efectivamente Alejandra Muñoz constituyó con un 50 por ciento del capital, la sociedad “Inversiones Punta de Lanza S.A.” y que, por escritura de 24 de mayo del 2000, en la misma notaría, constituyó también con un 50 por ciento de las acciones la sociedad “Inversiones Punta del Sur S.A.”.

Atendida la inasistencia de los Directores anteriormente designados, y por no haberse contado con los Balances y Estados Financieros, cuya aprobación era materia de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó ordenar al nuevo Directorio convocar a una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas, a efectos de que se entreguen, otorgue acceso y finalmente se adopten los acuerdos respecto a la aprobación de balances, capitalización de utilidades retenidas y revalorizaciones existentes, para los años 2018 a 2022.

¿Y cuáles son los conflictos suscitados al interior de la Hacienda Santa Martina?

En junio de 2019 se adquirió Hacienda Santa Martina. La cifra pagada llamó la atención. Aunque el abogado se excusó de proporcionarla, es sabido en el mercado que la cifra sería muy superior a los 14 mil millones de pesos, ya que este monto es representativo sólo del pasivo y fue proporcionado, públicamente, en una entrevista dada al Diario La Segunda por Ricardo Aguad, hijo de Espir Aguad, accionista controlador de Hacienda Santa Martina S.A. quienes enajenaron el total de su participación en el club de golf. Se lo considera privilegiado por su emplazamiento y potencialidades que permiten a cualquier inversionista convertirlo en el mejor club familiar de Chile con áreas para golf, actividades ecuestres, tenis, pádel, piscinas con olas, centros de evento y más, es decir casi un resort en pleno Santiago. Había un plan de inversión por 12 millones de dólares para construir un hotel –existe permiso, ya que la zona lo permite- mejorar las instalaciones y duplicar el número de socios. La pandemia congeló los planes.

Sin embargo, no es esa la única razón de los problemas. No obstante, las ventajas evidentes del club de golf y estar ubicado en uno de los sectores residenciales más exclusivos de Santiago, el precio pagado fue excesivo. Originalmente, Hacienda Santa Martina fue levantada en 730 hectáreas en el camino Pie Andino, a continuación del camino Los Trapenses en La Dehesa. Sin embargo, como los Aguad vendieron 400 hectáreas en 2013, ahora la superficie restante es de solo 330 hectáreas. Esa venta es la que sigue complicando a Hacienda Santa Martina, ya que los nuevos propietarios están ejecutando el llamado Proyecto Chagual, en esas 400 hectáreas vendidas por los Aguad. Pues bien, éstas se ubican por sobre la cota mil que se ubican entre, en un área de preservación ecológica con presencia de bosque y matorral esclerófilo propio de la zona central del país.

Este proyecto está provocando pasivos ambientales -daños en el ecosistema tales como caminos pavimentados con acceso loteos y diversa infraestructura propia de estos- que deben ser remediados ya que siguen causando efectos negativos al ambiente. La Superintendencia del Medio SMA formuló cargos a Inmobiliaria Santa Martina debido a incumplimientos de carácter grave, que fueron detectados en una fiscalización efectuada en octubre 2020 en el marco de denuncias presentadas por Municipalidad de Lo Barnechea y por vecinos del sector Ambiente por el desarrollo del proyecto inmobiliario Chagual.

Aquí surge la controversia por la compra de Santa Martina, porque si bien las obras de urbanización -destinadas a loteos para viviendas- no fueron realizadas por Inmobiliaria Santa Martina, sí son de su responsabilidad como titular de la RCA, al ceder el terreno, ya que éste debía permanecer inalterado. El abogado Francisco Pinochet explicó que la legislación ambiental establece claramente que el titular de un permiso ambiental o RCA mantiene su responsabilidad y no puede dividir su obligación ambiental, aunque en este caso haya cedido ese terreno, manteniendo lo que comprometieron al obtener su autorización. O sea, con la compra se hicieron cargo de problemas que no eran propios y que ahora deben enfrentar arriesgando multas millonarias, termina señalando el abogado.