Un resultado controversible

El país tomará en los próximos días una decisión esencial. Se trata de acordar el nuevo texto constitucional que regirá a Chile y su institucionalidad por las próximas décadas. No obstante que algunos consideran que la aprobación de tal texto debería conllevar inmediatamente una decisión adosada en cuanto a reformarlo, esto no parece envolver ninguna seriedad del punto de vista del significado del proceso y de la decisión que se adopte. Aparte de los eventuales “candados” que se han considerado para prevenir cambios a futuro, la aprobación o rechazo del texto propuesto por la Convención Constitucional debe ser adoptada como una determinación de carácter permanente. Eso hace la consulta que tendrá lugar una cuestión de enorme trascendencia para el futuro de Chile. Y es la primera vez que un proyecto de constitución se somete a decisión popular, ratificando así la voluntad democrática que nunca debe perderse de vista para concretar la marcha de la sociedad chilena.

Se trata de una decisión esencial, caracterizada sin embargo por algunas fallas en el diseño de la consulta, las cuales hacen correr el peligro de una decisión popular cuestionable a posteriori. Por una parte, porque se trata de una decisión de carácter discreto: se aprueba o se rechaza la propuesta en forma integral. Sin embargo, se trata de un texto con cerca de 400 artículos, los cuales versan sobre las materias más diversas y con distintos grados de incidencia en la vida nacional. Por ejemplo, se consulta la creación de un Estado “plurinacional”, que puede dar lugar posteriormente a la creación de estados autónomos con distinto carácter. También se consulta un cambio en la lógica organizativa del Estado, en que los tradicionales poderes se modifican sustancialmente. Esto no son temas menores sobre los cuales deberá decidir la población en un carácter de propuesta “en bloque”. Al mismo tiempo, se consultan otros temas de similar trascendencia, como por ejemplo el diseño de un sistema de salud único y de carácter estatal para todos, o un sistema educacional circunscrito primordialmente a una dependencia del Estado. Se agregan, asimismo, un conjunto de derechos que deberían ser concretados a posteriori por leyes que consulten los recursos necesarios, abriendo expectativas ciudadanas de difícil manejo en el ámbito de las decisiones públicas. Es evidente que en muchas materias la ciudadanía podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el mecanismo que generó este proceso, producto de un acuerdo político, impide la consideración de opciones al interior de la propuesta en su conjunto. Es decir, la ciudadanía debe optar por un “paquete”, sin permitírsele discernir entre los distintos y múltiples aspectos que incluye el proyecto de Constitución sometido a votación. Se trata de un mecanismo poco conveniente, considerando la multiplicidad de temas que aborda una Constitución y la diversidad de opciones al interior de cada propuesta temática. Los que no somos expertos en derecho constitucional tendremos que optar sobre un verdadero “paquete” de reformas, algunas de carácter bastante controvertido y con proyecciones de difícil pronóstico en cuanto a su efecto en definitiva, y al entrelazamiento de temas e implicancias.

Pero un segundo aspecto que envuelve esta decisión concierne a la información disponible a la ciudadanía. Es cierto: se ha circulado el texto íntegro de la propuesta Constitucional pero ¿cuántos chilenos y chilenas efectivamente la estudiarán para un buen decidir? No es un misterio que más de la mitad de nuestra población es analfabeta funcional, es decir que puede descifrar los textos pero premunida de escasa comprensión lectora. ¿Cuánto incidirá este “detalle” no menor en la decisión que se adoptará? Posiblemente por eso abundan las afirmaciones tanto buenistas como amenazantes vinculadas a la propuesta, las cuales no reflejan naturalmente la voluntad que se debe asociar al respaldo o rechazo de la propuesta constitucional, y son simples artilugios de marketing. Y muchas de esas afirmaciones sobre el proyecto se hacen pasar por “educación cívica” , como información “independiente”, a pesar de envolver una propaganda encubierta por las opciones en cuestión.

El grave problema es que cualquiera sea la decisión que se tome, ésta estará sometida a cuestionamiento posterior. Será la peor consecuencia de este proceso, porque seguirá el camino abierto a la disputa y la descalificación del proceso que le dio origen. La Constitución debe ser la casa común de todos los chilenos y chilenas, y no admitir en su concepción ni ideologismos ni partidismos de ninguna especie, sino albergar las aspiraciones del presente y futuro para la mayoría de los chilenos.

Prof. Luis A. Riveros