Gobernanza y futuro de América Latina

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América Latina se enfrenta en los próximos cuatro años a un proceso de definiciones políticas que abarcan prácticamente a toda su población. Entre 2021 y 2024 habrá diecisiete elecciones presidenciales: 2021: Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile y Honduras; 2022: Costa Rica, Colombia y Brasil; 2023: Guatemala, Argentina y Paraguay; 2024: México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y solamente en 2021, además de las cinco presidenciales, habrá otras diez elecciones. Cuatro legislativas: El Salvador, México, Argentina y Chile; una Convención Constituyente: Chile; y seis municipales o regionales: El Salvador, Bolivia, Chile, México, Paraguay y Venezuela.

Considerando que los efectos multidimensionales más duros de la pandemia durarán, en la hipótesis optimista, un quinquenio, y en la pesimista una década, el desafío que tendrán que enfrentar las nuevas autoridades políticas, desde el más alto nivel hasta los ámbitos locales, es también multidimensional y de alto riesgo. Si la capacidad del Estado para enfrentar las emergencias como la actual ha sido puesta a prueba, y se han revelado las carencias y vacíos de gestión, con mayor o menor gravedad dependiendo de los países, lo que está ahora en cuestión es si hemos aprendido la lección de que el Estado debe ser fortalecido, dotarlo de musculatura institucional y recursos, y que se debe revertir el desmantelamiento que en muchas partes se hizo de la institucionalidad pública en servicios y políticas esenciales privilegiando la gestión privada y creando del mercado un fetiche, en lugar de un ámbito de producción regulado por políticas de bien común.

Dicho desmantelamiento -que no sólo se dio en términos concretos en sanidad, seguridad social, educación, etc., sino también en términos socioculturales, instalando una cultura anti-estado- encontró una base y un caldo de cultivo en las ineficiencias, la corrupción y el cortoplacismo indolente de gran parte de la clase gobernante de la región. Por lo que hay dudas razonables de que en este megaciclo electoral pandémico puedan emerger nuevas autoridades con suficiente capacidad de gestión, pero sobre todo con voluntad política de cambiar las cosas, y enfrentar con acierto la recuperación de nuestro desarrollo, con sostenibilidad, transparencia y respeto social.

Visto prospectivamente, es fundamental que los programas de gobierno incorporen la prospectiva estratégica para que la gestión pública de la recuperación, y el camino hacia la solución sostenible de los problemas centrales de las personas en salud, pensiones, educación, trabajo, seguridad, esté conectada con la triple transición que viven nuestras sociedades: global, ecológica y ambiental. Sin esa conexión, en un entorno de transformación tecnológica y de IV y V Revolución Industrial, no habrá recuperación ni desarrollo posible.

Es el gran desafío que tenemos por delante: elegir bien, a quienes sepan dejar atrás viejos esquemas y prácticas, demuestren saber hacia dónde va la tendencia y donde está el futuro, y trasparencia con vocación de servicio público.


Héctor Casanueva 

Académico y ex embajador de Chile. Vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Profesor de Relaciones Europa-América Latina, y de Globalización y Prospectiva Estratégica, del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (España), y de las Universidades Miguel de Cervantes (Chile) y de Estudios Políticos y Administrativos de Rumanía. Es miembro del Comité de Planificación del Millennium Project Global Futures Studies & Research.