​Plebiscito, para Reformar!

La actual Constitución fue reformada en democracia, a iniciativa de la propia concertación durante el gobierno del Presidente don Ricardo Lagos la que lleva su firma y en consecuencia, el actual llamado a plebiscito afecta las bases de la institucionalidad, el estado de derecho y se comprometen las garantías constitucionales que son derechos fundamentales. Ahora, para hacer cambios a la Constitución como eliminar el Tribunal Constitucional o cualquier otro, no es necesario convocar a Plebiscito para aprobar o rechazar una nueva Constitución y que al parecer ya estaría redactada por las fuerzas políticas ligadas a la izquierda, que lograron convencer a los partidos de derecha en suscribir el denominado “acuerdo de paz” al comenzar la revolución del estallido social y que contempló que el Presidente de la Republica convocara a un Plebiscito para el mes de abril, y que postergó para el próximo 25 de octubre 2020, fecha histórica porque se decide por simple mayoría de sufragios si se aprueba o rechaza una nueva constitución, por cierto desconocida, cuyo riesgo no deja de ser un peligro y retroceso enorme que puede comprometer la institucionalidad, sumado a las desgracias que Chile ha sufrido producto del estallido social y de esta pandemia que sigue empobreciendo al mundo.

Como el propósito del plebiscito no fue someter de referéndum a la ciudadanía si están o no de acuerdo en aprobar o rechazar una reformar integral o un proyecto de una nueva constitución, sino que aprobar o rechazar la idea de redactar una nueva constitución, se ha cometido un error de cálculo, porque seguiremos perdido demasiado tiempo sin avanzar, en lugar de haber designado una comisión de expertos en derecho constitucional que estudien y trabajen en un ante proyecto de reforma integral o una nueva constitución para votar y elegir cual de ambas opciones es más conveniente para nuestro futuro como país en el marco de un régimen presidencial y democrático.

Sin embargo, se ha discurrido en hacer aplicable una segunda papeleta de votación sólo si llegase a ganar la opción apruebo, es decir, se le otorga validez a esta opción condicional lo cual constituye un error que bien pudo advertirse, pues adolece de objeto ilícito todo aquello que contraviene al derecho público chileno, sin embargo como este acuerdo por la paz, fue propio de una reacción para frenar los graves hechos de violencia en pleno estallido social, claramente se comprende por qué los partidos de derecha fueron superados por las corrientes políticas de izquierda, llegándose al absurdo de un plebiscito en que no existe ni si quiera un proyecto de reforma constitucional o un proyecto de una nueva constitución que habría sido lo más adecuado para someter a un referéndum.

Se suma el hecho que estamos en un estado de emergencia sanitaria por la declaración de pandemia mundial del coronavirus, en que el ejercicio de ciertos derechos políticos para hacer campaña se pueden restringir y limitar, ante lo cual la respuesta del gobierno ha sido que el estado de excepción constitucional rige hasta el 15 de septiembre, sin considerar que el plazo de 60 días de campaña electoral comienza 60 días antes de la fecha del plebiscito, es decir, a contar del 26 de agosto próximo, en circunstancias que seguirán en cuarentena muchas ciudades de nuestro países, de modo que resulta un contrasentido validar un proceso electoral si no es compatible con el libre ejercicio de derechos políticos y que han de respetarse en todo proceso electoral democrático, de manera que mientras esté vigente el estado de excepción constitucional y emergencia sanitaria, se está coartando el libre ejercicio de derechos fundamentales.

La izquierda política ha presagiado que el referéndum del 25 de octubre próximo será una oportunidad histórica para que todos elijan si quieren aprobar o rechazar una nueva constitución, pero no se advierte que pueda lograrse la aprobación de algo que no existe pero que se espera que exista, de manera que resulta paradójico que se pretenda engatusar a la ciudadanía a un proceso electoral sin saber tampoco quiénes serían los designados para redactar una nueva constitución para saber cuál es su visión jurídica acerca de los derechos fundamentales y conocer su real capacidad y criterio político para enfrentar esta responsabilidad, de manera que la ciudadanía deberá pronunciarse si aprueba o rechaza una venta de un producto que no existe y que ni si quiera se conoce por catálogo.

Este llamado a plebiscito curiosamente es similar al ocurrido en Venezuela por cuanto en el primer paso en falso se perdió toda credibilidad al proceso electoral, pues el antecedente de base y común entre ambos países, fue el oleaje de violencia desatada y destrucción masiva de grupos subversivos que han ocasionado un daño no solo a la propiedad privada y pública, sino que han logrado instaurar una sensación de inseguridad y falta de respeto por las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad que están precisamente para proteger a la ciudadanía, y la realidad hoy en Venezuela es francamente una pena, precisamente porque cometieron el error en el primer paso en falso de creer que la constitución iba a solucionar todos los problemas.

Por otra parte, cabe preguntarse si es conveniente y seguro que se realice este plebiscito el 25 de octubre próximo, si existe demasiado temor a contagiarse de parte importante de la ciudadanía entre ellos jóvenes, mujeres, adultos mayores, pues el virus afectará la salud durante todo el proceso electoral y en especial el día del plebiscito, en razón que la pandemia del Covid sigue siendo un enemigo invisible que aflora hasta en los lugares más recónditos del mundo y continuará sin parar con múltiples rebrotes cuyos daños a la salud son imprevisibles mientras no se elabore una vacuna para atacar este virus.

Además, el llamado a Plebiscito claramente ha generado más divisiones en la ciudadania, con los graves hechos de violencia y destrucción a lo largo de todo nuestro país, sumado al hecho que -luego del estallido social- nos encontramos hoy con un país que atraviesa por una grave inestabilidad política, económica y social, en que se han puesto en tela de juicios las bases de nuestra institucional democrática, en razón que coexiste un sentimiento de desencanto por nuestras máximas autoridades, de tremenda preocupación acerca del futuro de nuestro país y también por una creciente frustración por no lograr más o ser mejores, al punto que muchas familias han perdido su fuente de ingreso, todo lo cual explica -en parte- los niveles desapego por el servicio público, y en consecuencia, se hace imprescindible recuperar el tiempo perdido, respetar a nuestras autoridades y quienes no ejerzan bien sus cargos deberán dejar sus cargos de inmediatos, para encausar esta crisis de ideas progresistas y enaltecer el bien común de nuestra patria que tanto queremos.

De ahí que me parece esencial resaltar el gran esfuerzo que han dispensado nuestras autoridades para enfrentar esta grave crisis económica y social, prescindiendo de toda clase imposición por la fuerza para repeler estos actos de violencia -solo para casos extremos- pues pudo haber costado la vida de muchos chilenos, con un costo político enorme y quienes aducen que el gobierno no reaccionó, no consideran que la decisión de “sacar las fuerzas armadas a las calles”, es una decisión política que ha de ser consensuada con las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden, de ahí que al parecer la solución vía acuerdo por paz fue el llamado a plebiscito que claramente no soluciona los reales problemas y que la ciudadanía ha de comprender con prudencia que la actual constitución u otras que desconocemos, no son recetas para los problemas sociales, pero es de esperar que si plebiscito se realiza el 25 de octubre, bien contribuya de manera eficaz a que exista más paz social y menos violencia, con la confianza que los cambios que se realicen sean necesarios para enfrentar con esperanza nuestro futuro democrático, pese al actual escenario que es complejo, pero no por ello vamos a renunciar a nuestros ideales, porque Chile se merece vivir con más justicia social e igualdad para todos.

La ciudadanía ha de comprender, como una base esencial al iniciar un proceso electoral, lo que con tanto esfuerzo hemos juntos logrado como país durante muchos años, con un reconocido progreso económico y social que ha permitido a muchas familias salir de la extrema pobreza para lograr insertarse a esta sociedad cada vez más pluralista. Por lo mismo, no podemos perder jamás la esperanza que las cosas se pueden hacer mejor y sigamos remando con mucha confianza en nuestro futuro pues Chile, como lo predijo mi antepasado el Presidente José Manuel Balmaceda, quien luego de liderar las fuerzas presidencialistas, en su testamento político y con su propia tinta señaló que: “No hay que desesperar de la causa que hemos sostenido ni el provenir. Si nuestra bandera, encarnación del Gobierno del pueblo verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será levantada de nuevo en tiempo no lejano, y con defensores numerosos y más afortunados que nosotros, ya llegara un día que esta bandera flameará para honrar las instituciones chilenas y para dicha de mi patria, a la cual he amado por sobre todas las cosas de la vida” y agregó al final que: “Cuando Uds. mis amigos me recuerden, crean que mi espíritu, con todos sus más delicados afectos, estará en medio de Uds.”.

Rafael Gómez Pinto

Abogado Estudio RGB y Cía.

Miembro Comisión de Reforma al Código de Comercio