Proyecto
Gracias al apoyo de un sector republicano en la Cámara de Representantes.
La propuesta de ley, complementaria a otra ya en trámite, viene a dar respuesta a una solicitud de diputadas y diputados en orden a establecer esta materia por la vía legal y no meramente administrativa.
La propuesta otorga mayor protección a las pymes, prohibiendo la celebración de acuerdos con grandes empresas que alteren el plazo de pago de treinta días, salvo que estos sean en beneficio de las primeras, en su calidad de acreedoras.
La iniciativa fue aprobada en votación dividida y ahora la Cámara de Diputados debe pronunciarse sobre los cambios que le introdujo el Senado.
La propuesta iniciada en mensaje cuenta con discusión inmediata. La idea es postergar el pago de compromisos, recuperar ingresos en forma anticipada y facilitar el acceso al crédito.
Tomando en consideración el actual contexto de crisis social y su afectación al accionar de las pymes, la propuesta aprobada elimina el periodo transitorio de 24 meses y entrega vigencia al sistema de pago a 30 días a contar del tercer mes de publicada la ley.
Debido a que el Ejecutivo no ingresó las indicaciones a esta iniciativa, los parlamentarios de la Comisión de Trabajo pidieron más tiempo para realizar audiencias. Por lo que, durante la sesión, se retiró la urgencia a la tramitación del proyecto de ley.
La iniciativa establece un subsidio mensual de $49.000 a aquellos trabajadores y trabajadoras con remuneraciones brutas de $301.000, que disminuye gradualmente hasta llegar a cero para quienes tienen remuneraciones de $370.000.
Así lo expresó el secretario de Minería luego que la Cámara de Diputados decidiera rechazar el artículo que proponía declarar de interés nacional toda operación emanada de la explotación del litio, cuyo titular del contrato de operación sea persona natural o jurídica.
Ministros de Hacienda, Felipe Larraín, del Trabajo Nicolás Monckeberg y la Subsecretaria de Previsión Social María José Zaldívar, destacaron que las iniciativas no implicarán costo fiscal. Comisión acordó realizar la votación del proyecto de ley, el 7 y 8 de octubre.
La Sala aprobó en particular la propuesta iniciada en moción, pero sin ratificarse la norma que declara de interés nacional toda operación emanada de la explotación del litio, cuyo titular del contrato de operación sea persona natural o jurídica.
Con la presentación del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados inició anoche la discusión.
La Comisión de Trabajo, después de un intenso debate, despachó la moción que define una jornada laboral en 40 horas semanales. Además, aprobó también el artículo transitorio que establece que este cambio no puede representar una disminución de las remuneraciones.
En su primera parte, el grupo que encabeza la diputada Gael Yeomans (CS) debía abocarse de manera exclusiva a escuchar la intervención del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, sin embargo ello no fue facilitado por el debate, en particular, por la insistencia del oficialismo de dar cuenta en la sesión de variados documentos, entre ellos, el informe financiero desarrollado por la Dirección de Presupuesto.
A través de la misiva, la entidad consigna que "los dieciséis firmantes, todas personas naturales que conocen muy bien el ámbito de Vivienda, Urbanismo, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente, se ven en la imperiosa necesidad de plantearle a la corporación legislativa (...) una situación que pugna con la probidad, imparcialidad, buena conducta, transparencia y ética en la función parlamentaria."
La Comisión de Constitución de la Cámara está encargada de analizar la moción que declara de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio, así como toda operación emanada de su explotación y cuyo titular del contrato sea persona natural o jurídica (boletín 10638).
Senadores de oposición presentaron una moción donde plantean una reforma constitucional que genere una "nueva gobernanza" para la explotación de este mineral
El secretario de Estado sostuvo que se propuso constituir un equipo técnico, pero que la conformación de esa comisión no ha sido posible por la negativa de algunos parlamentarios.
Los parlamentarios de la Comisión de Obras Públicas pusieron el acento en la necesidad de regular las tarifas dada la distancia que hay entre las propuestas que hace la Superintendencia respectiva y la propia sanitaria.
La ministra Carolina Schmidt señaló que la nueva propuesta recoge las visiones de distintos actores y que “nos permitirá avanzar hacia una modernización integral del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.