El contralor general de Repúblico aseveró ayer, además, que “cualquier gobierno puede estar molesto con un contralor que no es obsecuente con el poder”.
El contralor había aducido “pérdida de confianza” al solicitarle la renuncia a Dorothy Pérez, quién se negó.
Así lo afirma la Fundación Defendamos la Ciudad que este martes hizo una presentación ante la Contraloría General de la República por los dictámenes emitido por la entidad en este caso de irregularidad inmobiliaria que no han sido obedecidos por el municipio.
El secretario de Estado, Alfredo Moreno, expuso ante Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado, en el marco de la discusión de los proyectos de ley refundidos sobre máquinas de juego. A la sesión también asistió el contralor general, Jorge Bermúdez, junto con el jefe de la División Jurídica, Camilo Mirosevic.
La repartición indicó que el documento, denominado Decreto 651, sufrirá cambios planteados “tras conversaciones con los ministerios y servicios respectivos, que solicitaron reasignar recursos desde otros subtítulos presupuestarios, pero manteniendo el monto global de la contención de gasto en la misma cifra (US$1.100 millones).”
Entre estas incluye el gasto de más de $1.600 millones en aeronaves inoperativas, escasa fiscalización y la inexistencia de un inventario actualizado de implementos utilizados en el combate de los siniestros.
Los parlamentarios acusaron que ex autoridades del Gobierno realizaron diversas salidas del país con motivos “recreacionales” o “de placer” y no laborales.
En su cuenta pública, a la cual asistió el Presidente Piñera, señaló que ello habría permitido detectar algunas situaciones graves para el país que se han conocido en el último tiempo, en clara alusión al desfalco en Carabineros.
Tribunal Constitucional rechazó en enero algunos artículos de la Ley por inconstitucionales.
No hubo acercamientos entre la cuprífera estatal y el organismo contralor, en la audiencia de conciliación realizada la mañana de este jueves ante el 25 Juzgado Civil de Santiago.
El abogado Rajevic distorsiona los hechos al asegurar que la Contraloría había cambiado de opinión sobre esta materia, con el agravante de que los lectores de ese vespertino tienen que haber creído tal posverdad y la ministra Saball no tiene la razón cuando afirma que los dictámenes de la Contraloría tenían solo una connotación meramente formal. No es así, todos esos dictámenes iban al fondo del asunto.
Dejándose en evidencia entonces que en esta vulgar operación comercial el Tribunal Constitucional fue un simple “ayudista” del poder ejecutivo y del poder legislativo.
La asimetría en la información disponible y las ventajas indebidas que obtienen algunos bien relacionados, por parte de las Direcciones de Obras Municipales, corrompen este sector gravitante de la economía, lo que no parece importarle mayormente a las asociaciones gremiales empresariales, a las autoridades de los distintos gobiernos y hasta a los colegios profesionales ligados a la construcción.
-El gremio señala que el proceso incluyó acciones para privilegiar a actores incumbentes, falta en procedimientos administrativos y la pérdida de 50 sobres con ofertas económicas, entre otros aspectos.
Esta iniciativa de la Presidenta Bachelet, aprobada por el Congreso Nacional, constituye un fenomenal blanqueo o perdonazo de permisos ilegales, contradiciendo de paso y sin pudor alguno, los categóricos dictámenes de la Contraloría General de la República referidos a diferentes PRC que tienen disposiciones prohibidas.