La reciente experiencia de inmigración descontrolada vivida por Chile pone en evidencia los serios riesgos que se corren cuando no existen políticas de Estado que efectivamente regulen este tema.
Aquí se envuelve un grave riesgo: la desilusión con proyectos políticos que vienen como “innovadores” pero que no hacen más que prolongar la situación vivida sólo con distinto maquillaje.
Cuando influyen más las amistades y las presiones familiares que la legítima opción de cada uno, se contribuye a las ya elevadas tasas de deserción del sistema de educación superior.
Seguramente terminaremos estableciendo una modelo “marraqueta” para homogenizar los costos y ajustarse así al impacto fiscal de la gratuidad. Será, de tal forma, un grave daño a la calidad y diversidad que precisa nuestra educación.
Hay que exigir a los políticos, especialmente a los Parlamentarios, que ejerzan su labor con altura de miras, para construir un encuentro nacional que, conservando las legítimas diferencias, pueda construir mayor tranquilidad al futuro nacional.
Si se justifica un asesinato porque la víctima “lo merecía”, se destruye la mínima aceptable forma de convivencia, para llegar a una sociedad en que el crimen político pasa a ser una forma de resolver las diferencias. Un Parlamentario no puede ser partícipe de esta transgresión a la convivencia republicana.
- Corregir este sistema no será fácil, y las universidades con problemas financieros crecerán en desmedro de los mismos estudiantes a quienes comprometemos gratuidad para su formación.
