Luis Riveros

La situación prevaleciente en la Araucanía es de mucha gravedad, de la que a veces no nos percatamos plenamente en el resto de Chile. Es cierto que existe un conflicto de más de dos siglos que no fue efectivamente controlado a partir de la llamada “pacificación”. Es también efectivo que esta situación es hoy aprovechada por grupos violentistas que nada tienen que ver con el pueblo mapuche en su sentido integral.

El ex Presidente Lagos ha llamado a un diálogo para un necesario encuentro nacional en medio del complejo escenario que vive Chile. Asimismo, un partido ha hecho similar llamado a todas las otras agrupaciones políticas para producir una agenda de consenso. Iniciativas loables ambas, que ponen de relieve los graves riesgos que afectan a nuestra sociedad y al país, en medio de un escenario de intolerancia y escasa conducción estratégica. El grave problema, sin embargo, es la falta de credibilidad que tiene el mundo político para concretar una iniciativa de ese tipo.

Esta crisis moral que vive la República amerita un diálogo que no está ocurriendo. Seremos así, la vergüenza para las futuras generaciones porque habremos perdido la oportunidad de construir la felicidad largamente adeudada a los chilenos.

La recuperación de la institución pasa no sólo por una renovación del mando, sino por una reingeniería en los aspectos formativos y éticos.

La reciente experiencia de inmigración descontrolada vivida por Chile pone en evidencia los serios riesgos que se corren cuando no existen políticas de Estado que efectivamente regulen este tema. 

Aquí se envuelve un grave riesgo: la desilusión con proyectos políticos que vienen como “innovadores” pero que no hacen más que prolongar la situación vivida sólo con distinto maquillaje. 

Cuando influyen más las amistades y las presiones familiares que la legítima opción de cada uno, se contribuye a las ya elevadas tasas de deserción del sistema de educación superior.

Seguramente terminaremos estableciendo una modelo “marraqueta” para homogenizar los costos y ajustarse así al impacto fiscal de la gratuidad. Será, de tal forma, un grave daño a la calidad y diversidad que precisa nuestra educación.

Hay que exigir a los políticos, especialmente a los Parlamentarios, que ejerzan su labor con altura de miras, para construir un encuentro nacional que, conservando las legítimas diferencias, pueda construir mayor tranquilidad al futuro nacional.

Si se justifica un asesinato porque la víctima “lo merecía”, se destruye la mínima aceptable forma de convivencia, para llegar a una sociedad en que el crimen político pasa a ser una forma de resolver las diferencias. Un Parlamentario no puede ser partícipe de esta transgresión a la convivencia republicana.