Félix Pilay

La industria ilegal del tráfico de personas en América Latina y el Caribe, particularmente en Ecuador desde hace muchos años ha sido un negocio altamente lucrativo. Vista a partir de la enorme cantidad de recursos económicos que mueve, se estima que en 2019 fluctuaba entre 100 a 120 millones al año, para este tiempo en época de la crisis sanitaria de la COVID-19, en lo que va de 2021, cuando la curva se va aplanando, esta industria ilegal, conjuntamente con los chulqueros y algunas financieras informales, habrían movido más de 1.345 millones de dólares en el país y no se tiene un dato total aún en el continente.

Los países de América Latina experimentaron fuerte afectaciones en su mercado laboral, en lo que va de la pandemia de la COVIR-19, desde marzo de 2020 a septiembre de 2021, no se tiene un dato exacto hasta el momento, pero se estima según la Organización Internacional del Trabajo que hasta diciembre del 2020 habrían perdido su puesto de trabajo aproximadamente 34 millones de personas, con el proceso de recuperación aparente de la economía y la inserción laboral desde agosto de 2020 hasta la fecha el desempleo bordearía los 30 millones.

El 24 de mayo de 2021 Guillermo Lasso se posesionó como nuevo presidente del Ecuador en la sede de la Asamblea Nacional y lo hizo en medio de una gran expectativa por parte de los ciudadanos por lo anuncios hechos tanto en campaña electoral como previo a su investidura, que en los primeros cien minutos de su instalación en el palacio de gobierno arreglaría al país y en los primeros cien días sacar al país de la recesión económica que para entonces afectaba al Ecuador.

En un acto sin precedente la Asamblea Nacional del Ecuador que fuera posesionada el 14 de mayo de 2021, a pesar de haber transcurrido 90 días de ejercicio aún no ha definido su agenda legislativa, por lo cual continúa evacuando los proyectos de ley que dejó en medio camino y sin aprobación el gobierno anterior del presidente Lenín Moreno. Uno de ellos y que no se atrevieron a aprobar sus asambleístas, es la reforma del Código Civil, propuesta para reducir el mar territorial del Ecuador de 200 a 12 millas.

Es una tradición que para establecer si la economía en un país ha crecido o no y si creció o decreció en que porcentaje lo ha hecho, se acude a una magnitud macroeconómica denominada producto interno bruto (PIB) caso Ecuador o producto bruto interno (PBI) o producto interior bruto (PIB) en otros países, de tal manera que esta herramienta o indicador permite saber si los países son más o menos ricos en un periodo de tiempo determinado.

Estudios revelan que hasta mayo de 2021 en todo el planeta habrían perdido la batalla en la lucha contra la COVID-19 aproximadamente 4 millones de habitantes; los datos lucen un tanto conservadores puesto que la OMS estima que las muertes podrían estar por encima de 6.8 a 10 millones de los fallecidos reportados.

En un hecho sin precedentes en mayo de 2012 el Ecuador bajo el gobierno del ex presidente Rafael Correa, se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) con lo cual se afectó a la soberanía territorial marítima reduciéndola de 200 a 12 millas, con lo cual se configuró según los defensores de la vida marina la mayor mutilación territorial en más de un millón de kilómetros cuadrados que ha sufrido el territorio ecuatoriano en su historia.

La tasa de empleo promedio en América Latina y el Caribe se redujo del 57,4% al 51,7% entre el 2019 y el 2020 señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT); del informe se desprende que para la región los efectos experimentados por la presencia de la pandemia de la COVID-19, son desbastadores, implica que un aproximado del 6% de las personas que se encontraban ocupadas, en edades y en condiciones de trabajar, denominadas población económicamente activa se habrían sumado a la larga lista de desempleo y subempleo.