Señor director:
La reciente propuesta legislativa presentada por un grupo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario, que busca eliminar la renovación de licencias de conducir no profesionales hasta los 65 años, plantea un dilema fundamental sobre la gestión pública y el bienestar común. A primera vista, la iniciativa resulta atractiva al prometer una simplificación de trámites, la reducción de costos para los ciudadanos y el descongestionamiento de unas direcciones de tránsito municipales hoy sobrepasadas. Bajo la premisa de la responsabilidad individual, el proyecto confía en la autonomía del conductor, reservando la intervención del Estado únicamente para casos de infracciones graves o patologías diagnosticadas que inhabiliten la conducción.
Sin embargo, esta búsqueda de eficiencia administrativa no puede ignorar que la aptitud para conducir no es una condición inmutable. El sistema de revisión periódica vigente no es un mero capricho burocrático, sino una herramienta preventiva diseñada para constatar que las facultades físicas, psíquicas y sensoriales —esenciales para una conducción segura— se mantengan vigentes. Dado que estas capacidades pueden deteriorarse de forma silenciosa mucho antes de la edad límite propuesta, prescindir de controles regulares supone un riesgo latente para la seguridad vial.
En definitiva, el desafío del Congreso no debe ser simplemente eliminar controles, sino modernizarlos de modo que la necesaria desburocratización no se traduzca en una desprotección de conductores y peatones en el espacio público.
Andrés Celedón, abogado y académico
Universidad Autónoma de Chile
