Poder absoluto e inequidad territorial

El término de la dictadura de Maduro supone entre otros varios un debate fundamental sobre la intrincada relación entre el poder político, el territorio y la ciudadanía. Más allá de las interpretaciones jurídicas o diplomáticas, esta situación revela la profunda fragilidad que acechan a las instituciones cuando estas se subordinan a la lógica del caudillismo autoritario e ilegítimo y la concentración desmedida del poder. En tales circunstancias, el territorio, deja de ser un espacio vital donde se ejercen derechos y se fomenta la convivencia, convirtiéndose en un feudo de poder, escenario propicio para el abuso y la manipulación.

El territorio no es un vacío geográfico ni un mero recurso políticamente administrable. Es en esencia el lugar donde se materializan las políticas públicas y se construye ciudadanía. Cuando el poder se ejerce sin contrapesos y con una lógica geopolítica militante no sólo se erosiona la confianza de las personas en el Estado, sino que se acentúan dinámicas de exclusión en territorios no prioritarios para el control del poder.

Resulta inaceptable la instrumentalización del territorio, de su espacio público y su uso como herramienta de dominación. Se deben siempre establecer garantías efectivas para que las personas y sus comunidades puedan participar e influir en las decisiones sobre su destino. La historia nos advierte sobre las profundas e indelebles cicatrices que dejan las prácticas autoritarias o totalitarias: desplazamientos forzados, pérdida de identidad, debilitamiento de la cohesión social y un largo etc. Venezuela enfrenta a partir de hoy como tarea prioritaria fortalecer la gobernanza democrática, consolidar mecanismos de participación y asegurar que las decisiones sobre el territorio respondan a criterios de equidad y sostenibilidad a largo plazo.

En sociedades marcadas por la desigualdad, el territorio a menudo refleja más visible de las brechas sociales: barrios segregados, periferias abandonadas, comunidades rurales invisibilizadas. Estas acciones conscientes y premeditadas con afanes electorales y de dominio deben transformarse en voluntad política real de cambio, asignación de recursos adecuados y un sólido compromiso ético por parte de quienes ostentan cargos de representación. Responsabilidad que se extiende también a los ciudadanos, quienes deben asumir un papel activo en la defensa de sus espacios, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a sus representantes.

Las situaciones de descontrol social actúan como un recordatorio constante de que la democracia no se cimienta únicamente en la celebración de elecciones periódicas, sino en la capacidad de la institucionalidad para garantizar los derechos fundamentales. Cuando el territorio se convierte en escenario de arbitrariedad, la democracia se vacía de contenido. El desafío hoy en Venezuela es construir instituciones sólidas, capaces de resistir la tentación del poder absoluto y de proteger a las comunidades frente a cualquier forma de opresión. La legitimidad del Estado y de su institucionalidad se mide, en última instancia, por la forma en que cuida y respeta sus territorios y a sus habitantes.

En definitiva, el “territorio” que habitamos no puede ser objeto de manipulación política ni estar sujeto a intereses particulares. Es un espacio de participación capaz de transformar la indignación en acción y convertir la experiencia en aprendizaje. El territorio y sus habitantes deben ser siempre un espacio seguro, identitario, de dignidad, justicia y libertad para todos.

Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile