Sociedades Anónimas Deportivas: aprueban régimen sancionatorio
Con la aprobación de las multas y sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con las nuevas exigencias de la ley, continuó el trabajo de la Comisión de Constitución del Senado respecto del proyecto que modifica la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas.
En la última sesión dedicada a ver en particular esta iniciativa se avanzó en la aprobación de una norma que tiene que ver con la fiscalización, control y vigilancia de las Organizaciones Deportivas Profesionales de Base.
En tal sentido, se ratificó que la fiscalización, control y vigilancia de las Organizaciones Deportivas Profesionales de Base que efectúen oferta pública de acciones le corresponderá a la Instituto Nacional del Deporte, mientras que la fiscalización, control y vigilancia de las Sociedades Anónimas Deportivas y de la nueva liga le corresponderá a la Comisión de Mercado Financiero (CMF).
Asimismo, se aprobó una norma donde se establece el monto de las sanciones que se cursarán en caso de infringir la ley y el modo en que se determinará su gravedad (de acuerdo a criterios establecidos en la ley).
Al respecto, el senador Matías Walker explicó que las multas aprobadas pueden llegar hasta 55 millones de pesos.
"Si no se cumplen normas respecto de la prohibición de la multipropiedad o la prohibición que los agentes de jugadores sean dueños de clubes, se van a poder aplicar sanciones ejemplares: 55 millones de pesos de multas", explicó.
Asimismo, dijo que "queremos dar un paso adicional y sancionar como delito la entrega de información maliciosamente falsa respecto de quienes son los verdaderos dueños de los clubes, quienes son las personas naturales beneficiarios finales que es lo que se va a votar en la próxima sesión de enero".
El senador Walker indicó que también se espera avanzar con la votación de las disposiciones transitorias que establecen los plazos para que las organizaciones adecuen sus estatutos a la nueva ley, y de esta manera despachar la iniciativa para que sea votada en Sala.