Por estos días, mientras el país discutió prioridades sectoriales para el próximo ciclo político y presupuestario, la salud vuelve a situarse como uno de los temas donde las brechas son más visibles y los avances más requeridos. El 2026 se perfila como un punto de inflexión: o Chile reorganiza su sistema sanitario para responder a una ciudadanía que vive más, exige más y tolera menos, o entraremos en una fase prolongada de deterioro institucional difícil de revertir.
El primer y urgente desafío es la magnitud inédita de las listas de espera, que ya supera los 3 millones de personas, con más de 320 mil esperando una cirugía y cerca de 17 mil garantías GES retrasadas oncológicas. No se trata solo de volumen: es un problema de gestión, priorización y capacidad resolutiva. La estrategia de “despachar cajas” de producción sin transformar los procesos internos ha demostrado ser insuficiente. Esta “deuda” se está transformando en una forma estructural de exclusión y desigualdad.
Un segundo desafío es reconstruir la confianza ciudadana en un sistema que aparece fragmentado, rígido y con incentivos desalineados. Hoy conviven múltiples modelos de atención, pero sin un proyecto articulador. El país necesita avanzar hacia un modelo de multiseguros con reglas claras, donde el financiamiento siga a las personas y no a las instituciones, y donde las prestaciones se paguen por resultados y no solo por actividad.
En lo clínico y operativo, el 2026 debe ser el año en que Chile finalmente impulse un estándar nacional de tiempos máximos de atención, interoperabilidad real entre prestadores y un sistema de coordinación público-privado que vaya más allá de convenios puntuales.
Otro frente urgente es el déficit de capital humano especializado. La salida de profesionales desde el sistema público, sobrecargado y mal gestionado está creando vacíos críticos regionales, en varias especialidades y subespecialidades así como en enfermería y otros. Se necesita una política de Estado que articule formación, retención, incentivos y trayectorias de carrera, con un foco decidido en el fortalecimiento de la atención primaria y de los hospitales regionales.
A esto se suma un elemento a menudo invisibilizado: la infraestructura hospitalaria del país está envejecida y la inversión pública no logra responder al ritmo demográfico ni epidemiológico. Sin un plan nacional de infraestructura de largo plazo, Chile seguirá operando con hospitales tensionados y sin espacio para nuevas tecnologías.
Finalmente, el 2026 también exige mirar más lejos con planes concretos: la salud mental, la medicina digital, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y la gestión y la salud bucal serán temas centrales. La transición epidemiológica y climática golpeará con fuerza a los más vulnerables: el sistema debe prepararse para ello.
La salud ya no necesita más diagnósticos: necesita decisiones. Y las decisiones deben ser de Estado, no de ciclo político. En el país hay talento, instituciones y experiencia suficientes para transformar su sistema. Lo que falta es la voluntad de priorizar donde realmente importa: en la vida y el bienestar de las personas.
Luis Castillo Fuenzalida
Director del Instituto Libertad
Ex subsecretario de Redes Asistenciales
