La Eurocámara aprueba la rebaja de exigencias ambientales de las empresas para aliviar la carga burocrática
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la reforma para rebajar las exigencias de sostenibilidad y diligencia debida que obligan a las empresas a informar sobre el impacto ambiental y social de su actividad, tras el principio de acuerdo alcanzado entre los negociadores de la Eurocámara y Consejo la pasada semana.
Con esta medida, la Unión Europea busca reducir la carga burocrática y reforzar la competitividad económica, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, como parte de sus esfuerzos de simplificación administrativa.
Con las nuevas normas, solo las grandes compañías con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros deberán presentar informes de sostenibilidad. Las empresas de menor tamaño quedarán exentas de estas obligaciones y protegidas frente a la posibilidad de que grandes socios comerciales les trasladen responsabilidades de información.
La reforma, aprobada por 428 votos a favor, 218 en contra y 17 abstenciones, limita la obligación de las empresas de identificar y prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente a las compañías con más de 5.000 empleados y un volumen de negocio superior a 1.500 millones de euros, tanto de la UE como de terceros países que operen en el mercado comunitario.
Estas compañías deberán analizar los riesgos asociados a su actividad y a su cadena de suministro, aunque solo podrán solicitar información a socios comerciales de menor tamaño cuando no puedan obtenerla por otros medios. Además, los planes de transición para adaptar los modelos de negocio a una economía sostenible dejarán de ser obligatorios.
El texto simplifica de forma significativa los requisitos de información y convierte en voluntaria la información sectorial. Para facilitar el cumplimiento, la Comisión Europea creará un portal digital con orientaciones y plantillas comunes sobre las exigencias nacionales y europeas.
El texto, que deberá recibir ahora el visto bueno formal del Consejo de la UE, establece que las sanciones por incumplimiento podrán alcanzar hasta el 3% del volumen de negocio mundial de la empresa y fija que la directiva sobre diligencia debida se aplique a partir de julio de 2029.
