​Infraestructura digital: habilitadora social y motor de productividad

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Christian Nicolai

La digitalización es una herramienta clave para reducir desigualdades y promover el desarrollo. Para lograrlo, es crucial fomentar la inversión en infraestructura digital, cerrar las brechas de acceso y capacitar a la población para que aproveche su potencial. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son esenciales en todos los sectores, desde la economía y los servicios públicos hasta la vida social.


En Chile, la inversión en infraestructura digital es mayormente privada. Esto implica establecer reglas estables, procesos de permisos predecibles, coordinación intersectorial y promover la usabilidad de la tecnología. Con este marco, la conectividad se convierte en una política social y económica, mejorando los servicios públicos, la productividad y creando nuevas oportunidades de negocio.


El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), propuso a los candidatos presidenciales varios desafíos en esta área. Uno es simplificar y modernizar la normativa sectorial, desactualizada y dispersa. Esto daría certeza jurídica, agilizaría los procesos y armonizaría las regulaciones a nivel nacional, regional y local, asegurando un despliegue coherente de infraestructura, protección de datos y ciberseguridad.


Un eje estratégico es potenciar la Política Nacional de Data Centers, reconociendo su papel como pilar de la economía digital. Se deben considerar incentivos para una ubicación sostenible, priorizando regiones con potencial de energías renovables y baja exposición sísmica. La regulación debe ser clara, evitando clasificar estos centros como “industria molesta”, y asegurando seguridad eléctrica e hídrica.


Además, es necesario financiar y remunerar de manera equitativa y transparente las inversiones, en un contexto de crecimiento del tráfico digital impulsado por plataformas de streaming, redes sociales e inteligencia artificial. Las experiencias de la Unión Europea, Estados Unidos o Corea pueden servir de guía para establecer reglas que salvaguarden la competencia, la neutralidad y la recuperación de la inversión.


Para fomentar la usabilidad, es fundamental promover la educación digital y el desarrollo de habilidades en todos los niveles, asegurando que tanto personas como empresas conozcan y aprovechen las oportunidades de la transformación digital. Esto incluye la implementación de subsidios para hogares vulnerables y mecanismos de cobertura para zonas rurales aisladas.


La Transformación Digital del Estado es otro incentivo importante. Debe centrarse en optimizar los servicios públicos, aplicando tecnología para reducir costos de coordinación y transacción a través de procesos simples, servicios confiables, altos estándares de atención, disponibilidad, auditoría, protección de datos y ciberseguridad.


Todo esto requiere dejar atrás la dispersión de esfuerzos y regulación. La creación de una Agencia de Economía Digital, encargada de coordinar la colaboración público-privada, podría ser clave para consolidar un ecosistema digital sólido y competitivo. Esta agencia desarrollaría políticas públicas y fomentaría la adopción de tecnologías avanzadas, con una visión transversal que vaya más allá de las funciones normativas y de fiscalización fragmentadas de las distintas entidades existentes.


Christian Nicolai

Consejero

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Exsubsecretario de Telecomunicaciones

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