Tiempo perdido
En marzo de este año fue rechazada la reforma tributaria de este gobierno, la cual tenía énfasis en el aumento de la recaudación, asumiendo que ésta era la herramienta adecuada para solucionar las necesidades sociales que desde 2019 eran vehementemente demandadas. El rechazo a la idea de legislar fue una combinación de la valoración de aspectos técnico y una cuota de juego político de la oposición y también del mismo oficialismo.
Posteriormente, el ministro de Hacienda realizó un ejercicio que denominó Pacto Fiscal reuniendo a distintos actores y representantes de organizaciones civiles, con el objeto de definir un nuevo proyecto. En esa oportunidad, lo que más se insistió fue el cambio de estilo de la propuesta, dejando el énfasis en la recaudación como objeto de la política fiscal, para pasar a un talante que valore el crecimiento como instrumento que logra el bienestar del país.
La autoridad económica acogió mínimamente las sugerencias, insistiendo en que el estado debe estar dotado de ingentes cantidades de recursos para poder solucionar las necesidades sociales tales como la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica a los profesores.
Esta nueva e intransigente insistencia trató de ser socializada con los sectores políticos del país, pero se enfrentó con una oposición fuerte y alineada con la necesidad de impulsar medidas pro-crecimiento, que mitiguen la incertidumbre y que frenen la inflación.
Tal vez buscando una justificación técnica a las ideas del ministerio de Hacienda, se formó un comité de expertos bajo la dirección del señor Manuel Marfán, el cual evacuó un informe que recomienda todo lo contrario a lo señalado en el discurso del ministro Marcel, pues recomendó precisamente lo que se había insistido desde el año pasado a la autoridad: concentrar en el crecimiento de la economía los esfuerzos, pues el rendimiento de esa política es mayor que las medidas pro recaudación. Así también, se recomendó rebajas de impuestos y otras medidas que siguen la misma línea que las propuestas nacidas en las reuniones del Pacto Fiscal realizado en abril, así también como propuestas de diversas organizaciones gremiales.
Hemos pasado todo el año 2023 en comisiones, reuniones y conversaciones buscando una política que fuera eficiente, y hemos dejado de lado los esfuerzos que ayuden a cambiar las proyecciones económicas para el próximo año, pues tenemos una desocupación que aumenta lento, pero amenazantemente; una inflación controlada, pero aún alta; bajas expectativas empresariales que inhiben nuevos proyectos de inversión; una política anticuada para la explotación de litio que solo está generando la postergación de los proyectos, mientras que en el mundo ya se están encontrando productos y tecnologías alternativas a este mineral, lo que permite visualiza la baja del rendimiento de su explotación.
Todo lo anterior nos permite generar la siguiente pregunta: ¿En qué estado estaría nuestra economía si en marzo su hubiere presentado un proyecto de reforma tributaria que incentivara el ahorro y la inversión, en vez del rechazado proyecto que tenía por horizonte el incremento de la recaudación? ¿Tendríamos un país con mejores índices y mejores proyecciones?
Y si no fuera así la situación ¿Por qué la comisión Marfán entregó un informe que no incluye ninguna de las medidas del proyecto rechazado en marzo?
Es por todo lo anterior que es totalmente legítimo preguntarnos qué país tendríamos si no se hubieran destinado los recursos para idear un proyecto tributario con énfasis en la recaudación, en vez de proyectos que incentiven y motiven la inversión y ahorro que propicie un crecimiento que nos permita un desarrollo que redunde en mayor bienestar.
Creo que este año 2023 ha sido un tiempo perdido el cual no será provechoso para las expectativas ni proyecciones de crecimiento de nuestro país en el corto y mediano plazo
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director de Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago
