​KPMG sobre Ley de Delitos Económicos: multas pueden alcanzar los US$ 23 millones para personas naturales y US$ 157 millones para empresas

Las implicancias legales y de gobierno corporativo de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, fue el eje central del seminario “Nuevo paradigma de responsabilidad penal para las empresas y su alta dirección”, instancia que contó con las exposiciones de Edmundo Varas, director de KPMG Law, y Karin Eggers, Head of ESG de la misma consultora; para luego dar paso a un panel integrado por Myriam Gómez, socia del Colegio de Ingenieros, Patricia Sabag, socia de REDMAD, y Andrés Martínez, socio Líder de Consultoría Tributaria de KPMG en Chile quien estuvo a cargo de moderar la conversación.

Respecto a los alcances de la normativa, Varas aseguró que la legislación ha generado ansiedad y miedo en las diferentes organizaciones debido a su impacto, sin embargo, al analizarla en el contexto global, representa un desafío que sitúa a Chile en estándares internacionales. “Si uno revisa en detalle, gran parte de los delitos que establece la nueva ley ya estaban incorporados en el estatuto anterior, entonces la mayoría de las instituciones tienen medidas implementadas dentro de sus procesos y cultura corporativa”.

Agregó que “con la regulación los delitos económicos, no estamos hablando de un marco penal diferente al que ya conocíamos, sino que entramos a un sistema de penas y agravantes especiales, en el que, dependiendo de el tipo de la falta, tiene sanciones más altas, llegando los US$23 millones para las personas naturales o US$157 millones en el caso de las compañías”.

Por su parte, Karin Eggers aseguró que la normativa se traduce en una oportunidad para integrar de manera más robusta los aspectos ASG en las organizaciones. “Hoy las empresas exitosas no son solo aquellas que tienen rentabilidad financiera, sino que, deben ser capaces de generar valor en sus grupos de interés, tal y como lo han ido estableciendo otros estatutos globales. Cuando nos referimos a impactos en los gobiernos corporativos, hablamos de corrupción y cosas que pudiesen dañar el valor de las instituciones. Por lo tanto, estamos frente a una gran oportunidad para integrar los aspectos ASG en los gobiernos corporativos y a identificar y evaluar posibles riesgos ambientales y sociales”, comentó Eggers.

Respecto a la implementación de la nueva regulación, Patricia Sabag dijo que “muchas de las prácticas de las que habla la ley ya estaban incorporadas dentro de las empresas donde me ha tocado participar para poner en marcha este nuevo lineamiento. Desde ese punto de vista, en mi experiencia, la legislación ha sido bien recibida. Sin embargo, creo que es importante que, al momento de ejecutar los nuevos estatutos, el manejo de la información no dependa de una gerencia en particular, sino que del directorio de la compañía”.

Finalmente, Myriam Gómez se refirió a los desafíos que enfrenta la alta dirección de las empresas, enfatizando que “aquí es fundamental que esto sea parte integral de la cultura de las organizaciones, y este proceso debe venir acompañado con ajustes en los sistemas, de capacitaciones y con asesoría externa de profesionales expertos en la materia". Agregó que “otra parte súper estratégica tiene que ver con la cadena de valor de las empresas. Porque efectivamente no solo las va a afectar en sí mismas, sino que también a sus proveedores. Por lo tanto, las más grandes van a tener que guiar a las que son más pequeñas”.