Navegar en aguas turbulentas

En agosto recién pasado nuestro ministro de Hacienda había afirmado que “cuando presentemos nuestro proyecto tributario en marzo, lo más probables es que llevemos seis meses de crecimiento”. Agosto ya pasó, septiembre y estamos terminando octubre… y no estamos creciendo.

Sin duda que la proyección de la autoridad económica no se está cumpliendo, lo que podría hacer zozobrar cualquier iniciativa de pacto fiscal. Sin embargo, al parecer, en Hacienda ya entendieron que una reforma tributaria no significa exclusivamente que deban aumentar los impuestos, sino establecer mecanismos que motiven la inversión y el ahorro, confiando en los sectores intermedios como actores importantes para lograr el crecimiento y el desarrollo del país.

Cuando fue presentado al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 2024, se anunció que se enviarían proyectos que incentivarían la economía, muy en la línea de las 38 medidas de igual talante que se prometió en el marco del Pacto Fiscal que se ha estado desarrollando desde el fracaso de la reforma tributaria en marzo del presente año. Una de esas medidas fue el mensaje ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados el 16 de octubre que “inicia un proyecto de ley que establece un beneficio tributario transitorio y extraordinario a la compra de viviendas nuevas adquiridas con créditos con garantías hipotecarias” el cual otorga un crédito contra los impuestos a pagar en los años tributarios 2024 al 2029, equivalente a la suma menor entre el total de los dividendos pagados en un año por el crédito hipotecario para adquirir una vivienda y la cantidad de 16 UTM ($1.016.240 a noviembre del presente año).

Solo es posible impetrar este beneficio en la adquisición de viviendas nuevas que estén construidas y con recepción final conforme a la fecha de entrada en vigencia la nueva ley. Además, la transacción debe realizarse solo hasta el 30 de junio del próximo año. Esta premura tiene la evidente intención de generar la disminución del actual stock de viviendas que tiene nuestro país, que ha sido estimado en 50 mil unidades.

Sin duda que esta iniciativa ayudará, pero no será fundamental, para que lograr alguna reducción, pero será necesario además pensar cómo sortear las rémoras que generan las tasas de los créditos hipotecarios y, lo más complicado, los requisitos que los bancos solicitan a quienes desean realizar estas adquisiciones.

En todo caso, por pequeño que parezca el estímulo, es una muestra de lo importante que resulta que exista dinamismo en nuestra economía, lo cual redunda en bienestar a la población y una mayor recaudación para el Fisco.

¿Será suficiente para que se logren los seis meses de crecimiento que pronosticaba el ministro de Hacienda?

Al parecer no, pues no tan solo los estímulos fiscales reactivan la economía sino las expectativas de los inversionistas, las cuales están muy bajas. Esto se evidenció la semana pasada con la perspectiva negativa que S&P asignó a nuestro país debido a “disputas políticas que pesan sobre el crecimiento”.

Creo que esta es la gran variable que el Gobierno no ha podido manejar, pues las expectativas sobre nuestro país no han tenido buen comportamiento desde 2009.

Aparejado a lo anterior, está todo el tema de la transparencia, cuya ausencia o sospecha de falta de ella, genera desinterés en invertir en nuestro país.

Esto tampoco ha quedado ajeno al ministro y ya señaló 11 medidas que tienen por objetivo elevar la eficiencia en la gestión del sector público y aumentar la transparencia, eficacia, calidad de servicio y probidad. Estas medidas van desde la creación de una agencia de calidad de políticas públicas (que en mi opinión solo generará más burocracia y aumentará el gasto en remuneraciones) que evaluaría los proyectos, programas y políticas públicas; regulación de las transferencias y participación de organizaciones de la sociedad civil (yo pensaba que ya existían); avance en la estrategia de descentralización fiscal balanceada, transparente y responsable; agilización de la ejecución de la inversión pública (creo que esto si es importante para el crecimiento); creación de un registro nacional de beneficiarios finales de personas jurídicas en Chile (no veo el aporte) y otras similares.

Destaca en estas propuestas el fortalecimiento y formalización de la Auditoría Interna de Gobierno, algo que nació en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y no sé por qué ha quedado en desuso.

Como podemos apreciar, existe un nuevo talante en nuestra autoridad económica que está apostando más por el crecimiento como herramienta para solucionar las necesidades sociales que el exclusivo aumento en la recaudación fiscal, hecho importante, pero que genera preocupaciones, pues se debe encantar a los inversionistas y al país en general, para que vuelvan a confiar.

Íbamos bien con el nuevo enfoque, pero creo que la clasificación que S&P nos asignó, evidencian el delicado panorama que enfrentamos.

Esperemos que nuestras autoridades tengan los instrumentos necesarios para poder navegar en las aguas turbulentas que se avecinan, pues de lo contario, será poco lo que se podrá presentar en marzo como un nuevo pacto fiscal.

Prof. Germán R. Pinto Perry

Director Programas de Especialización Tributaria

Centro de Investigación y Estudios Fiscales NRC

Universidad de Santiago