Ventolera

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Javier Fuenzalida

Una vez más se repite la crisis ambiental producida por la fundición Ventana de Codelco y demás instalaciones industriales que nacieron junto a ella.

Hace 60 años era una zona rural hasta que el estado instaló la fundición y refinería y no tardaron en producirse los reclamos de los agricultores de la zona por los perjuicios y pérdidas que comenzaron a sufrir, daño a la salud de la población, particularmente, a los niños en edad escolar. En no pocas oportunidades han debido cerrar las escuelas cercanas.

Podría haberse justificado si el valor social de la inversión hubiera sido superior a los costos sociales presentes y futuros. Nunca se ha estudiado y hay serias razones para aseverar que su evaluación económico/social es negativa. Ningún gobierno, hasta el presente, ha hecho los estudios para ratificarlo y dictar las normas correctivas.

El estado no se atreve a declarar que se equivocó y que ese capital hoy es negativo, ni siquiera cero. La memoria anual de Codelco muestra las pérdidas pasadas y actuales porque el precio de venta del cobre refinado es inferior a sus costos.

Ventana fue inaugurada en 1964 en la costa vecina a Quinteros en un lugar inhabitado, salvo la magnífica playa de que gozaban los habitantes de la V región. La expansión urbana con el tiempo fue creciendo entre Quinteros y Puchuncaví convirtiéndose en la actualidad en una localidad urbana, sin que las autoridades locales o del estado hayan tomado medidas para eliminar los efetos negativos que se siguen produciendo, como lo hicieron en el caso de las minas de carbón en la zona de Lota.

Codelco ha hecho cuantiosas inversiones para disminuir (nunca eliminar) los contaminantes que arrojan su fundición y refinería, SO2, NO y polvo en suspensión PM10. Se disculpa con que han cumplido con el DS de medio ambiente, sin reconocer que esas normas han sido, a todas luces insuficiente, puesto que las crisis ambientales continúan siendo periódicas.

Las emisiones superan entre 2 y 125 veces los rangos tolerables de contaminación. El estado (ministerio de medio ambiente vs ministerio de minería) ha sido criminalmente ineficiente, afectando seriamente a la salud de los niños, obligando a los alumnos de la escuela de Puchuncaví usar mascarillas desde hace varios años.

La producción de cobre refinado de Ventana alcanza a 600.000 tons/año, el 12 % del total nacional y sus exportaciones US $ 420 millones anuales. Sin embargo, desde los últimos 20 años ha arrojado pérdidas contables acumulada por US $ 1.621 millones, suma que se habrían evitado de practicar previamente una evaluación social. Es la única división de Codelco que siempre ha arrojado pérdidas desde su inauguración en 1964. El cierre de Ventanas se estima que costaría US $ 30 millones, suma inferior a los US $ 54 millones que señala deben invertir para disminuir, no eliminar totalmente, el envenenamiento del ambiente.

Si se agregara la contaminación producida por las instalaciones de Gener y Enap, Copec, Shell, Endesa, Epoxa, GNLl, Oxiquim, Gasmar Cemento Melón, Asfalto y una colección de pymes, la situación es mucho más dramática aun y que han convertido a esa zona en un infierno de contaminantes, SO2. NOX, PM10.

Codelco declaran que ha invertido más de US $ 500 millones en todo tipo de filtros y sistemas anticontaminantes, pero insuficientes para el creciente daño ambiental.

Desde hace décadas que la población ha venido sufriendo los efectos dañinos y que cada año van en aumento hasta convertirse en los que hoy se denomina tristemente como “zona de sacrificio” para sus habitantes. En más de alguna ocasión la ONEMI ha ordenado la evacuación masiva de estudiantes. El INDH ha hecho infructuosas denuncias. Si se hubiera tratado de empresas privadas, el peso de la ley habría caído sobre ellas. Pero cuando se trata del estado contra el estado, se ocultan los perjuicios, permanece mudo o incapaz de resolver la situación. Toda una confabulación entre políticos y burócratas.

Si la tecnología actual no cuenta con sistemas que eliminen el costo social de la contaminación, no hay otra solución que cerrar esas instalaciones indeseables.

¿Qué hacer con sus trabajadores? No es la primera vez que el estado debe asumir sus responsabilidades. Hace años debió enfrentar la paralización de salitreras en Tarapacá y las mineras de carbón de Lota. Sus trabajadores fueron debidamente indemnizados. El estado financió la reconversión, entrenamiento y educación tecnológica a los trabajadores que lo solicitaran. No es el único caso de ponerle fin de alguna actividad.



Javier Fuenzalida A.

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