Un escamoteo inadmisible

La Convención Constitucional ha vuelto a abrir un debate que pone de relieve un propósito distinto a aquél concebido en el protocolo que le dio origen. Efectivamente, se estimó que esta instancia abordaría con énfasis los reclamos que dieron vida a las protestas desde Octubre de 2019: mejores pensiones, mejor salud y educación públicas, adecuada seguridad ciudadana. Mucho, sino la totalidad de su trabajo hasta ahora, no ha abordado estas importantes temáticas, pero sí otras que nunca se manifestaron como prioridad de país: la eliminación del Senado, la degradación de la Corte Suprema a un mero servicio de justicia, la desarticulación del sentido unitario de la república y hasta la modificación de emblemas patrios junto a un fuerte sesgo en favor de las minorías indígenas en desmedro de la unidad territorial y política de Chile. Temas todos abordados en un más bien confuso proceso comunicacional, del cual los ciudadanos nos informamos sólo parcialmente, sembrando dudas y temores que no favorecen el importante objetivo de una entidad creada para consolidar la unidad del país, tan golpeado por escisiones de todo tipo, especialmente las sociales.

Un último acuerdo de la Convención se refiere a los fondos de pensiones acumulados en significativa cantidad en las cuentas de miles de trabajadores ahorrantes. En efecto, se rechazó la posibilidad de prohibir al Estado expropiar los ahorros previsionales, como asimismo se rechazó el garantizar que dichos ahorros sean propiedad de quienes lo efectuaron y que los mismos puedan ser heredables. Es cierto, no se acordó algo así como “declárese expropiados los fondos de ahorro acumulados en favor de una entidad del Estado”, pero sí se ha dejado como acuerdo una puerta abierta para que eso pueda ocurrir por medio de una decisión política. En el pasado siempre se dijo que esos ahorros no tendrían ningún otro uso que no fuera el otorgamiento de pensiones. Pero bastó un acuerdo político (muy transversal) para que eso no fuera así, y producto de ello muchas personas se quedaron sin fondos para una jubilación. Es decir, los acuerdos políticos pueden pasar por sobre los sentimientos y acuerdos logrados en una materia tan delicada. La Convención, rechazando la ponencia presentada por miles de chilenos ante ella misma, ha decidido brindar esa oportunidad para que la expropiación de los fondos pueda realizarse “en conformidad con la Constitución”.

Largos debates se han suscitado en torno a esta eventual expropiación. Se dice con razón, que una expropiación de los fondos previsionales no sólo constituye un verdadero despojo a los propietarios de su propio ahorro, sino que establece un precedente impresentable en un país democrático. La cuestión de fondo es, por supuesto, el poder financiar un retiro decente para todos los chilenos. La experiencia de otros países enseña que la expropiación de los fondos para pasar a ser administrados por el Estado, no conduce a solucionar el problema de pensiones que se encuentra hoy día agravado por los sucesivos retiros. Por el contrario, esa experiencia enseña que se redistribuye pobreza, cuando vergonzosamente las pensiones pasan a ser una última prioridad en el gasto público. Pero tampoco es justificable el uso de tales recursos en proyectos de inversión decididos puramente en el ámbito político, pues los ahorrantes esperan una rentabilidad para sus ahorros, como ha sido el caso a lo largo de los años.

El gobierno ha emitido algunas señales tranquilizadoras sobre esta materia, asegurando que tal expropiación no ocurrirá. El problema es que si esa puerta abierta permanece en el texto constitucional, nada asegurará que dentro de algunos años eso pueda tener lugar no obstante los compromisos en el corto plazo. La cuestión de fondo es la necesaria preparación de un proyecto integral que brinde seguridades de una adecuada pensión para todos los trabajadores chilenos. En eso hemos fallado como país desde hace ya casi dos décadas, y es tiempo de que el gobierno enfrente el problema de modo proactivo y convincente, para que el parlamento lo aborde definitivamente, y se elimine así la seria probabilidad de un escamoteo institucional de lo adquirido con esfuerzo por los trabajadores chilenos.

Prof. Luis A. Riveros