La UE pacta nuevas exigencias para impedir el 'ecopostureo' en los fondos de inversión

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Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han alcanzado un acuerdo para combatir el denominado 'ecopostureo' en los productos financieros --una práctica por la que las entidades presentan sus inversiones como más respetuosas con el medioambiente de lo que realmente son--, mediante nuevas exigencias que permitirán identificar qué fondos cumplen los criterios de sostenibilidad y cuáles no.



En concreto, la reforma establecerá tres categorías de productos financieros en función de sus objetivos ambientales y sociales, y exigirá que destinen al menos el 70% de sus inversiones a cumplirlos, además de reservar el uso de referencias a la sostenibilidad en sus nombres y materiales publicitarios a aquellos que reúnan los requisitos establecidos.



De este modo, las nuevas normas distinguirán entre productos "sostenibles", que contribuyen a objetivos ambientales o sociales, productos "de transición", destinados a financiar empresas o proyectos que todavía no son sostenibles, pero avanzan hacia ese objetivo, y una categoría básica, denominada ESG, para aquellos que incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza sin alcanzar las exigencias de las otras dos.



La clasificación también obligará a excluir inversiones en determinadas industrias y actividades perjudiciales, con el objetivo, según explica el Consejo, de evitar que las empresas ofrezcan una "falsa impresión de sus impactos o beneficios medioambientales" y facilitar que los ciudadanos puedan conocer las características de los productos en los que invierten.



No obstante, el acuerdo contempla excepciones para determinadas inversiones en compañías vinculadas a los combustibles fósiles, que podrán incluirse en la categoría de transición siempre que cuenten con un plan de reducción de emisiones con plazos definidos, alineado con el Acuerdo de París, y destinen al menos el 20% de sus gastos de capital a actividades consideradas sostenibles por la clasificación europea, aumentando progresivamente esa proporción.



Asimismo, las entidades que comercialicen productos sostenibles o de transición deberán identificar y comunicar los principales efectos negativos de sus inversiones sobre el medioambiente y la sociedad, mediante indicadores comunes que permitan evaluar cuestiones como las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto sobre la biodiversidad o las condiciones laborales.



La reforma modifica el Reglamento sobre Divulgación de Información relativa a la Sostenibilidad en el Sector de los Servicios Financieros, en vigor desde marzo de 2021, después de que una revisión de la Comisión Europea concluyera que las obligaciones actuales generan información "demasiado extensa y compleja", lo que "dificulta a los inversores comprender y comparar" las características ambientales o sociales de los productos financieros y "aumenta el riesgo de publicidad medioambiental engañosa y venta inadecuada de productos".



En este contexto, el acuerdo también busca simplificar los trámites para las entidades financieras y reducir sus costes administrativos, por lo que permitirá excluir de las nuevas obligaciones de clasificación a determinados fondos ofrecidos exclusivamente a inversores profesionales y dejará fuera del ámbito de aplicación de la reforma el asesoramiento financiero y la gestión de carteras.



El pacto deberá recibir todavía la aprobación formal del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE, tras la cual las nuevas normas comenzarán a aplicarse en un plazo de dos años.




europapress