El elevado costo de ceder a los bloqueos: alivio inmediato, daño institucional duradero
En octubre de 2019, un reajuste de $30 en la tarifa del Metro de Santiago, aplicado en horarios punta fue el detonante de protestas que escalaron hasta el estallido social. Aquellos acontecimientos tuvieron causas más amplias y complejas que el precio del transporte; sin embargo, dejaron una lección que hoy parece olvidarse: una democracia no puede admitir que la presión ejercida mediante la interrupción de servicios esenciales termine sustituyendo a las instituciones y determinando el destino de los recursos públicos.
Siete años después, la controversia por el llamado «bencinazo» y el paro de camioneros ha vuelto a poner a prueba esa lección. La comparación no supone equiparar las movilizaciones ni sus consecuencias. Se refiere a una misma pregunta institucional: ¿qué ocurre cuando el Estado modifica decisiones de alto costo fiscal bajo la presión de quienes tienen capacidad para paralizar actividades indispensables?
El alza de los combustibles es consecuencia de un factor externo: el conflicto en Medio Oriente, que ha presionado los precios internacionales del petróleo. En marzo, el Gobierno optó por permitir un mayor traspaso de esas alzas a los consumidores, en lugar de ampliar indefinidamente el esfuerzo del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Se puede discrepar de la oportunidad y sensibilidad social de esa decisión; no es serio, en cambio, desconocer el problema de financiamiento que pretendía enfrentar. Según el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mantener desde marzo una contención más amplia habría significado aproximadamente US$1.900 millones adicionales de costo fiscal.
Pero el Ejecutivo terminó cediendo ante la presión de los transportistas. Tras los bloqueos y el acuerdo con los principales gremios, el Congreso despachó una ley que revierte aproximadamente $39 por litro en las gasolinas y $142 en el diésel, e impide nuevas alzas por encima de los límites legales establecidos hasta el 7 de abril de 2027. No se trató de una concesión simbólica. El informe financiero consignó un impacto fiscal estimado de $820.587 millones —en torno a US$820 millones— distribuido entre 2026, 2027 y 2028.
Lo más preocupante no es solamente el monto. Es el precedente. Si bloquear carreteras consigue beneficios fiscales que no estaban disponibles para el resto de los ciudadanos, se transmite una señal devastadora: en lugar de convencer mediante argumentos y procedimientos democráticos, conviene disponer de suficiente capacidad para interrumpir el país. Esa es la verdadera «doblada de mano» al Gobierno y, aunque haya sido aplaudida, no constituye una victoria de la ciudadanía. Es una derrota de la autoridad y de las reglas comunes.
La inmensa mayoría de las personas no puede dejar de trabajar, cerrar una carretera o interrumpir la distribución de bienes para exigir que el Estado absorba sus costos. Debe pagar impuestos, cumplir contratos y ajustar su presupuesto. ¿Por qué habría de obtener un trato preferente quien posee mayor capacidad de presión? En una democracia liberal, la intensidad de una protesta no puede ser el criterio para asignar recursos públicos. El derecho a manifestarse merece protección; convertir la paralización de servicios esenciales en moneda de negociación merece una objeción igualmente firme.
La amplitud del respaldo público no cambia esta conclusión. La encuesta Plaza Pública Cadem difundida el 15 de noviembre registró un 79% de apoyo al paro de camioneros y, más inquietante aún, un 64% de aprobación a los bloqueos de carreteras. Por otra parte, el proyecto obtuvo 125 votos a favor y solo tres en contra en la Cámara. Que una decisión sea popular o reúna una mayoría abrumadora no demuestra que sea financieramente prudente ni institucionalmente correcta. La política está para representar demandas, pero también para fijar límites a aquellas cuya satisfacción compromete bienes colectivos.
La economía ofrece pocas razones para despreocuparse del costo. Según las cuentas nacionales publicadas por el Banco Central este 18 de noviembre, el PIB cayó un 1,1% interanual en el tercer trimestre de 2026; la actividad minera disminuyó un 14,7% y la inversión retrocedió un 7,4%. El mercado laboral tampoco resiste triunfalismos. El Instituto Nacional de Estadísticas informó para julio-septiembre de 2026 una desocupación del 9,8%, 1,3 puntos porcentuales más que doce meses antes, y una disminución interanual de 1,1% en el número de ocupados. La inflación, por su parte, alcanzó 4,5% en doce meses a octubre, sobre la meta de 3% del Banco Central. Son señales de una economía debilitada y de hogares que ya soportan presiones importantes.
A ello se suma una paradoja: el bajo dinamismo coincide con precios internacionales extraordinariamente altos del cobre. Cochilco informó que, al 6 de noviembre, el precio promedio del metal en 2026 alcanzaba US$6,15 por libra, un 39,8% más que en igual período de 2025. Naturalmente, un buen precio no compensa automáticamente la menor ley del mineral, las dificultades productivas ni los costos de inversión; precisamente por ello, la bonanza de precios no puede utilizarse como excusa para seguir posponiendo reformas de productividad.
Existen además tensiones internas que no deben ocultarse. La jornada ordinaria se redujo a 42 horas semanales en abril de 2026 y llegará a 40 horas en 2028; las nuevas cotizaciones previsionales también elevan gradualmente las obligaciones del empleador. Es legítimo debatir cómo estas medidas, junto con otras exigencias regulatorias y la transformación tecnológica, inciden en los incentivos a contratar, particularmente a trabajadores jóvenes.
En ese contexto, el costo fiscal de la concesión resulta especialmente difícil de justificar. El combustible más barato hoy se paga con recursos que dejan de estar disponibles para otras prioridades, con menores ingresos o con obligaciones futuras. Además, el congelamiento concluye en abril de 2027: salvo que el precio internacional retroceda, el problema de fondo reaparecerá. La decisión puede comprar una tregua social, pero no crea petróleo, no incrementa la productividad y no elimina el costo económico. Solo decide quién lo asume y cuándo.
La enseñanza de 2019 no es que los gobiernos deban desoír el malestar social. Es exactamente la contraria: deben anticiparse a los problemas, explicar las decisiones difíciles y ofrecer soluciones institucionales antes de que el conflicto se desborde. Pero escuchar no equivale a capitular. Cuando la autoridad premia la capacidad de paralizar el país, incentiva nuevas presiones y debilita su propia posibilidad de gobernar.
Por eso, el aplauso que ha recibido esta concesión debería inquietarnos más que tranquilizarnos. Los US$820 millones son una cuenta cuantificable; el precedente que se instala puede resultar mucho más caro. Si cada grupo con suficiente poder de interrupción concluye que basta amenazar con detener una actividad esencial para obtener una excepción, el presupuesto terminará negociándose en las carreteras.
Rodrigo Barcia Lehmann
Abogado, doctor en Derecho y magíster en Economía.
Profesor investigador Universidad Autónoma de Chile.