Paytech Chile, asociación que reúne a adquirentes, subadquirentes, PSP y operadores transfronterizos, entre otros actores de la industria, alerta que los programas que la marca de tarjetas exigirá desde el 30 de noviembre para los pagos a comercios digitales extranjeros pueden afectar a las personas que hoy pagan esos servicios en pesos y en cuotas.
Cuando una persona paga desde Chile, con su tarjeta, una suscripción a un servicio digital extranjero, como una plataforma de streaming para ver películas, series o eventos deportivos, muchas veces lo hace en pesos, en cuotas y sin necesidad de cupo internacional. Eso es posible porque un procesador de pagos chileno conecta a ese comercio con el sistema local de tarjetas. Desde 2024 esa actividad está regulada por el Banco Central y supervisada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
A partir del 30 de noviembre, Mastercard exige que esos pagos se procesen bajo uno de dos programas, PIFO o Global Reach, a elección de cada adquirente. Ambos incorporan nuevos cobros de marca, aplican tasas de intercambio internacionales, que no están sujetas a los límites de la Ley N°21.365, e imponen nuevos requisitos. Global Reach exige además que el procesador firme un contrato directo con Mastercard, sometido a la ley y a los tribunales de Nueva York.
“No cuestionamos que las marcas cobren por sus servicios. Lo que decimos es que un cobro adicional debe tener una justificación, aplicarse igual para todos y seguir el procedimiento que ya existe en Chile. Hasta ahora no nos consta que nada de eso se haya cumplido”, señaló Juan Andrés Bravo, director ejecutivo de Paytech Chile, asociación gremial que reúne a adquirentes, subadquirentes, PSP, PST operadores transfronterizos y proveedores tecnológicos del ecosistema de pagos.
Ese procedimiento está en la Instrucción de Carácter General N°5 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), dictada en 2022 y confirmada por la Corte Suprema en 2024. La norma obliga a las marcas con posición dominante a justificar sus nuevos cobros, avisarlos con 60 días de anticipación y acordarlos con sus destinatarios o someterlos a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). También les ordena eliminar toda prohibición a esta actividad y exige que sus sanciones puedan impugnarse en Chile.
“Los riesgos que invoca la marca, como el fraude y el lavado de activos, ya los exigen y fiscalizan el Banco Central, la CMF y la UAF, y su costo ya lo asumen los operadores. Si se cobra más, hay que explicar qué servicio adicional se está pagando”, agregó Bravo.
Según el gremio, los nuevos cobros encarecen procesar cada pago. Si a un comercio extranjero deja de convenirle cobrar en Chile, puede volver al cobro internacional: la persona pierde el pago en pesos y en cuotas, necesita una tarjeta con cupo internacional y asume la comisión bancaria por uso en el extranjero. Quien paga con débito o prepago sin cupo internacional puede perder el acceso al servicio.