El cuestionamiento constitucional del Decreto N°68

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Ameu0301rico Ibarra (47)

La reciente admisibilidad del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional respecto del Decreto Supremo N.º 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha abierto un debate que trasciende la legalidad de una modificación reglamentaria. Lo que está en discusión no es solamente una actualización de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), sino la forma en que Chile decide transformar sus ciudades, distribuir densidades, gestionar infraestructura y equilibrar las atribuciones entre el nivel central y los gobiernos locales. 


El núcleo de la controversia se encuentra en las nuevas reglas de densificación urbana. El Decreto 68 sustituyó el histórico coeficiente de cuatro habitantes por vivienda por un coeficiente general de 2,8 habitantes por unidad y uno de 1,4 para proyectos localizados cerca de infraestructura relevante de transporte público. En términos prácticos, ello permite desarrollar más viviendas en un mismo suelo urbano, especialmente en áreas próximas a estaciones de Metro y corredores troncales. Sus defensores sostienen que la medida responde a la nueva realidad demográfica del país, caracterizada por un aumento de hogares unipersonales y una reducción sostenida del tamaño de las familias. 


En contraposición, sus detractores advierten que la normativa propuesta provocaría externalidades peligrosas si no exige una evaluación previa de la capacidad de carga de las redes sanitarias, de vialidad y de la oferta de equipamiento urbano y espacios públicos. 


El Colegio de Arquitectos ha sostenido, que el mencionado decreto generará conflictos con los instrumentos de planificación local al superponerse sobre aquellos y que no necesariamente su implementación aumentará el total de metros cuadrados anualmente construidos, sino que sólo entregaría al mercado más unidades habitacionales de menor tamaño. Hay quienes incluso sostienen que esta medida sólo facilita y consolida que la propiedad se transforme en un bien financiero, cuya rentabilidad superior a las tasas de instrumentos bancarios, generará prioritariamente la compra para destinarlas a arriendos. Es decir, no solucionaría el acceso masivo a la vivienda, una de sus principales promesas.


Más allá de la disputa jurídica, el caso revela una tensión política estructural. Por una parte, el país enfrenta un déficit habitacional persistente, bajos niveles de inversión inmobiliaria y una necesidad evidente de aprovechar mejor el suelo servido por infraestructura pública de alto costo. Desde esa perspectiva, aumentar densidades cerca del transporte masivo parece una decisión racional y coherente con un desarrollo urbano sostenible. Pero, por otra parte, cuando normativas de alcance nacional alteran de manera sustantiva las condiciones definidas por los planes reguladores comunales, surge la desazón y oposición de los alcaldes respecto del equilibrio entre eficiencia y gobernanza democrática del territorio. 


La solución exige abandonar las posiciones binarias que enfrentan densificación y calidad urbana como si fueran objetivos incompatibles. Chile necesita más viviendas, especialmente en sectores bien conectados y próximos al transporte público, pero también requiere mecanismos robustos que aseguren que la infraestructura urbana crezca al mismo ritmo que la intensidad constructiva. Esto supone que reformas de alcance estructural sobre densidad, constructibilidad y planificación territorial debieran aprobarse no mediante un decreto, sino que luego de una discusión legislativa amplia que otorgue legitimidad transversal y estabilidad regulatoria. 


Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile


europapress