El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de fallos en el control de los fondos del próximo presupuesto europeo

BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido este miércoles de que la propuesta de la Comisión Europea para el presupuesto de la UE de 2028 a 2034 presenta importantes deficiencias en el control de los fondos comunitarios, al no garantizar que pueda comprobarse cómo se utiliza el dinero hasta llegar a sus destinatarios finales ni establecer con suficiente claridad las consecuencias para los Estados miembro que incumplan las normas.

Así lo señala en un nuevo análisis sobre el próximo marco financiero plurianual, en el que concluye que Bruselas solo ha atendido plenamente una de las 28 mejoras que los auditores habían identificado para reforzar la gestión y la transparencia del presupuesto, mientras que otras 19 se han abordado parcialmente y ocho siguen sin respuesta.

Las principales carencias afectan al nuevo sistema de financiación, que permitirá desembolsar ayudas en función del cumplimiento de determinados objetivos, sin vincular necesariamente los pagos a los gastos reales.

Este modelo, inspirado en el utilizado para los fondos de recuperación tras la pandemia, se extendería a buena parte de los programas europeos durante los próximos siete años, aunque el Tribunal cuestiona que las propuestas sigan centrándose en comprobar si se han cumplido determinadas etapas, en lugar de evaluar los resultados concretos obtenidos con las inversiones.

En particular, los auditores advierten de que los pagos podrían autorizarse a partir de las declaraciones de los propios Estados miembro sin una verificación previa obligatoria, mientras que los criterios de evaluación y las responsabilidades de control todavía no están suficientemente definidos.

El informe también cuestiona que las reducciones definitivas de financiación por irregularidades puedan retrasarse hasta febrero de 2036, una circunstancia que, según el Tribunal, debilitaría el "efecto disuasorio" de las sanciones y dificultaría garantizar el cumplimiento de las normas europeas y nacionales.

A ello se suma que la propuesta no asegura la "plena trazabilidad" de los recursos comunitarios hasta quienes ejecutan los proyectos, por lo que los auditores consideran necesario reforzar los mecanismos de supervisión y aclarar en qué casos deben recuperarse las cantidades utilizadas de manera indebida.

Otra de las principales advertencias afecta a la reorganización de los fondos agrícolas y de cohesión, que la Comisión plantea agrupar en un único fondo europeo de 865.000 millones de euros, gestionado mediante planes nacionales y regionales elaborados por cada Estado miembro.

El Tribunal considera que concentrar la planificación de estas ayudas en un solo documento por país podría reducir la capacidad de decisión de las regiones sobre el reparto de los recursos, al tiempo que señala que todavía no está suficientemente claro cómo se evaluarán las reformas ni qué criterios se utilizarán para asignarles financiación.

Los auditores también reconocen avances en la simplificación de la estructura presupuestaria, que pasaría de siete grandes partidas a cuatro y reduciría el número de programas de 52 a 16, aunque advierten de que estos cambios no garantizan por sí solos una reducción de los trámites administrativos para los beneficiarios de las ayudas.

Asimismo, cuestionan que Bruselas no haya definido legalmente el concepto de "valor añadido europeo", lo que, según el informe, podría dar lugar a interpretaciones diferentes sobre los beneficios de las inversiones comunitarias y dificultar la comparación de sus resultados.

En cuanto a los ingresos de la UE, el Tribunal alerta de que la propuesta de incorporar cinco nuevas fuentes de financiación, hasta alcanzar un total de nueve, añadirá complejidad al sistema y podría aumentar los costes administrativos tanto para los gobiernos nacionales como para la Comisión.

Frente a ello, considera que mejorar la recaudación de los ingresos existentes, especialmente mediante la reducción de las pérdidas fiscales relacionadas con el IVA y los derechos de aduana, permitiría disminuir la necesidad de introducir nuevas contribuciones.

El informe también reconoce que la propuesta incorpora mecanismos más estrictos para proteger el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, aunque advierte de que algunas disposiciones podrían restar eficacia a las sanciones previstas en caso de incumplimiento.

En conjunto, los auditores concluyen que los mayores avances se han producido en las normas que permiten adaptar el presupuesto a nuevas necesidades, mientras que las principales deficiencias persisten en los mecanismos para comprobar los resultados del gasto y garantizar su control.

"Necesitamos un presupuesto que muestre claramente lo que la UE puede aportar, que garantice una gestión adecuada de los fondos, y que refuerce la rendición de cuentas y la transparencia", ha señalado el miembro del Tribunal responsable del análisis, Jan Gregor, quien ha defendido que sus conclusiones pueden contribuir a mejorar las normas antes de que concluya la negociación del próximo presupuesto europeo.