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Marcada por la polémica generada tras la rebaja de condenas a imputados por delitos sexuales a menores, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos despachó la partida del ministerio de Justicia y Derechos Humanos con 16 votos a favor y 10 en contra.
La sesión vespertina comenzó con el análisis de los fondos destinados a los ministerios de Seguridad Pública y Agricultura, los que fueron respaldados. Como ya es la tónica, en el debate se cuestionó el recorte del presupuesto de diversos programas y asignaciones en ambas áreas.
En cuanto a la cartera de Justicia y Derechos Humanos, se puso en votación la partida directamente dado que las y los parlamentarios de oposición anunciaron el rechazo de los recursos en respuesta a la decisión del ministro de Justicia, Fernando Rabat de rebajar las condenas a imputados por delitos sexuales a menores. Esto generó fuertes intercambios de opiniones luego que se instalaran en los pupitres letreros con la frase ‘fuera Rabat’.
En este contexto, el senador Juan Luis Castro explicó que “acá hay problema grave de confianza e interlocución. Hay una autoridad política cuestionada. Muchos de nosotros le decimos que debe renunciar, eso es lo que queremos decir no para generar un caos. Creemos que no es interlocutor válido”.
La senadora Yasna Provoste aseguró que “el ministro implementó una política de gobierno ejecutada por él. Estamos hablando de rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales de menores de edad. Hay familias detrás de esto que esperaron una sentencia. El ministro ha invocado el cumplimento de resoluciones judiciales, pero hay que distinguir cada caso, nunca debe ser una orden general”.
En tanto, el senador Rodolfo Carter hizo ver que “veo que la senadora Provoste se está inhabilitando en el caso una acusación constitucional contra el ministro. Esta no es la herramienta para cuestionar al ministro, para eso están las acusaciones constitucionales. No corresponde que utilicen esta discusión de presupuesto”.
La senadora Paulina Vodanovic mencionó que “se ha dicho que no es el momento de hacer presente esta crítica, pero ¿hay que hacer como que nada pasó? Los graves hechos de las decisiones del ministro tienen consecuencias. El problema nunca estuvo en la ley sino en su conducta”; mientras que la senadora Daniella Cicardini dijo "no voy a aprobar un peso del ministro mientras esté este propederasta".
A su turno, el senador Daniel Núñez manifestó que “fuimos elegidos para votar y estamos dando una señal política. Creemos que este tema debe resolverse con urgencia. El ministro debería renunciar y como no ha pasado, es lógico que consideramos escandalosa esta rebaja de condenas también a violadores de delitos de lesa humanidad”.
El senador Javier Macaya reconoció que “lamento que temas que ha sido sensibles que fueron rechazados como Sitios de la Memoria, ni siquiera se levantara hoy. Cuando se quiere dar una señal política, no me parece que esté bien contaminar la discusión presupuestaria. Me hubiera encantado que hubiéramos discutido de los temas que les importan a los chilenos”.
Los fondos destinados al ministerio de Seguridad Pública fueron respaldados por unanimidad.
En el debate se hizo presenten los proyectos de seguridad pendiente y la efectividad que ha tenido tener un ministerio dedicado exclusivamente a este tema. También se mencionó la agenda mártires de Carabineros que algunos parlamentarios impulsan.
El senador Juan Luis Castro aseguró que “esta partida debe evaluarse por las capacidades que entregan para proteger a las personas, por lo que no se entienden las bajas a los programas de atención a víctimas, sistema municipal de seguridad y denuncia segura. En cuanto a la PDI, se disminuyen los gastos de personal”.
Luego el senador Rodolfo Carter destacó este presupuesto observando que “tanto en el caso de la DGA como Directemar, creemos que esos recursos deben destinarse a la seguridad de los puertos. También coincido en la necesidad de abordar el control de los aeródromos”.
En tanto, la senadora Yasna Provoste planteó que “la Subsecretaria de Seguridad Pública reduce sus recursos, en particular el plan de crimen organizado en Carabineros. En reemplazo del plan ‘Calle sin violencia’ aparece el plan ‘Foco’ pero no se entregan detalles. Se elimina los programas de innovación y el plan ‘Calle segura’”.
El senador Daniel Núñez defendió votaciones separadas solicitadas por la senadora Claudia Pascual. “Hablamos de la rebaja del programa ‘Denuncia segura’ que es muy importante en los barrios. La disminución de los fondos del modelo de integración de Carabineros con la comunidad es compleja porque se quitan herramientas”, describió.
Desde la otra vereda, el senador Renzo Trisotti destacó que “se están poniendo los recursos donde se pusieron las palabras. La idea es fortalecer los resultados que ya vemos. Hay que mirarlo de manera integral porque esta partida se complementa con otras. Si no nos hacemos cargo de los pasos aduaneros, los ingresos irregulares se mantendrán”.
Por su parte, el senador Iván Flores sinceró que “se ha dicho que este presupuesto que crece un 7% y la verdad es que no es así para Carabineros y la PDI, está todo en Gendarmería. Estamos descuidando a nuestros policías. Cuando nos preocupamos del crimen organizado, no se entiende que haya una rebaja a Carabineros para perseguir el crimen organizado, ¿cómo le daremos las herramientas necesarias?”.
A la hora de votar separadamente, se confirmaron los fondos contemplados en el erario para los programas ‘Somos barrio prioritario’, sistema municipal de seguridad, ‘Denuncia seguro’, ‘Seguridad rural’, los centros regionales de atención y orientación a víctimas, el modelo de integración de Carabineros con la comunidad, vehículos para Carabineros y apoyo a la integración social.
Respecto a la partida del ministerio de Agricultura, el director de la Dipres, José Pablo Gómez explicó que “en atención a la discusión sobre los cruces de datos, vamos a realizar un acto administrativo con esta cartera sobre los primeros cruces que se están haciendo en los programas del Indap, Prodesal y Padis. Preliminarmente nos indican que, en cuanto al tramo de ingreso del RSH y activos, hay beneficiarios que no cumplen los requisitos o han fallecido”.
Tras esta intervención, la senadora Alejandra Sepúlveda aseguró que “es muy grave lo que se plantea. Se dice que hay problemas por el RHS, pero la pobreza rural alcanza un 28%. Ojo con los parámetros superficiales. En cuanto a este ministerio, baja la Subsecretaría, Odepa, Indap, la Comisión Nacional de Riego y el fondo rotatorio, esto es cortarles las manos a los agricultores”.
Luego la senadora Beatriz Sánchez profundizó en el Indap. “La caída se concentra en la atención a los usuarios, los subsidios de inversión y los créditos de largo plazo. Quiero hacer un zoom en la región del Maule que tiene más diversidad agrícola. Se ahorran en emergencia agrícola sabiendo las cambiantes condiciones climáticas”, sentenció.
La senadora Daniella Cicardini se refirió al cruce de datos. “Están comparando cosas distintas. Confunde el Gobierno, lo que es un patrimonio productivo con riqueza, la valorización del terreno agrícola con la capacidad económica real. El RHS mide ingreso y bienes raíces, pero las utilidades se basan en cosechas temporales. Estos parámetros no sirven en el mundo rural”, describió.
Posteriormente, el senador Daniel Núñez hizo presente el término del plan caprino en la región de Coquimbo, que es el que produce queso de cabra. “Se necesitan condiciones especiales para producirlo y el apoyo ya no estará. Se prometió una ayuda de emergencia al mundo agrícola, tres meses han pasado y no ha pasado nada”, manifestó.
La senadora Yasna Provoste lamentó la caída de Indap. “Los usuarios son los pequeños, la agricultura rural campesina. El sector está viviendo una situación crítica también por los arancelazos. Es una mala noticia que no haya recursos para enfrentar emergencias climáticas. Se eliminan programas como el desarrollo de la mujer rural y caen los recursos de la agricultura sostenible”, detalló.
A su vez el senador Javier Macaya sinceró que “me llama la atención que la reflexión de los hallazgos de lo que indica la Dipres, sea desde la desconfianza. Creo que hay que pedir que se pueda hacer entrega del análisis metodológico de esto. No conozco el detalle de este informe que hace mención del director Gómez y creo que debiera conocerse”.
Tras revisarse la admisibilidad de indicaciones, se procedió a las votaciones separadas. En virtud de ello, se confirmaron los montos destinados a Cotrisa, emergencias agrícolas, investigación e innovación silvoagropecuaria, Indap, programa de acción local del Prodesal, crédito de largo plazo, programa de desarrollo de acción local (riego), programa de desarrollo territorial indígena y la Comisión Nacional de Riego.
Se rechazaron los fondos destinados al Comité de Seguro Agrícola (Agroseguros), el que fue creado por el Consejo de la CORFO con el objetivo de promover y administrar subsidios estatales para seguros silvoagropecuarios. La misma suerte corrieron los fondos de apoyo a la contratación del seguro agrícola, los sistemas de incentivos de la ley 20412 y alianzas productivas.
Con todo, la partida del ministerio de Agricultura fue aprobada con 16 favor y 10 en contra.