La Eurocámara pide un canal único para denunciar fraudes con fondos europeos
La comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha reclamado este martes la creación de un canal único para denunciar posibles fraudes con fondos de la Unión Europea, así como una mayor protección para quienes alerten de estas irregularidades y medidas para facilitar la recuperación del dinero público utilizado de forma indebida.
Estas propuestas figuran en un informe aprobado por 25 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, con el que los eurodiputados buscan reforzar la lucha contra el uso ilícito de los recursos comunitarios de cara al próximo presupuesto plurianual de la UE, mediante una "mayor cooperación" entre las autoridades competentes y un intercambio de información más ágil.
En concreto, el texto plantea habilitar una plataforma digital "única y segura" para comunicar sospechas de malversación, con el objetivo de que las alertas lleguen directamente a las instituciones responsables de investigarlas, sin necesidad de acudir a distintos organismos.
El texto también reclama garantizar la protección de los denunciantes frente a posibles "represalias" desde el momento en que comuniquen una irregularidad, independientemente de que la información aportada dé lugar finalmente a una investigación o de que el caso sea archivado.
MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS ANTIFRAUDE
Otra de las prioridades es reforzar la cooperación entre la Fiscalía Europea (EPPO), encargada de investigar y perseguir penalmente los delitos que afectan al presupuesto comunitario, y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que realiza investigaciones administrativas sobre el uso irregular de los recursos europeos.
En concreto, los eurodiputados proponen establecer reglas más claras para evitar que las actuaciones de ambos organismos interfieran entre sí, permitiendo suspender de forma "gradual y limitada en el tiempo" determinadas investigaciones administrativas cuando puedan perjudicar un procedimiento penal, pero revisando periódicamente estas restricciones para que puedan reanudarse cuando dejen de suponer un riesgo.
Asimismo, plantean mejorar el seguimiento del dinero que debe devolverse a las arcas comunitarias tras detectarse irregularidades, con un sistema centralizado que permita conocer cuánto se ha recuperado, qué cantidades se han dado por perdidas y cuánto tiempo requieren estos procedimientos.
Esta función recaería en OLAF, que también debería modificar su denominación para reflejar sus nuevas competencias, según recoge el informe, que insiste en que las investigaciones penales no deben retrasar injustificadamente las medidas administrativas destinadas a proteger los fondos europeos.
El informe, que todavía debe recibir el visto bueno del pleno de la Eurocámara, servirá para fijar la posición del Parlamento ante la revisión del sistema europeo de lucha contra el fraude que prepara la Comisión Europea, cuya comunicación está prevista antes de finales de año.
