Extorsión territorial: comisión despacha nuevas sanciones penales
(www.camara.cl)
Sancionar la extorsión territorial y el cobro de protección es lo que permite el proyecto que la Comisión de Seguridad Ciudadana despachó a la Sala (boletín 18594). La iniciativa, promovida por el diputado Bernardo Salinas, modifica los códigos Penal y Procesal Penal con el fin de fortalecer las herramientas penales destinadas a enfrentar formas de criminalidad asociadas al control de territorios por parte de organizaciones delictivas y estructuras criminales.
En concreto, el texto incorpora la figura de la extorsión territorial, entendida como aquella utilizada para establecer, mantener, ampliar o disputar el control de un sector residencial o comercial mediante el ejercicio de un poder de hecho sobre el territorio. La norma menciona, especialmente, los cobros de protección y las prestaciones periódicas o reiteradas impuestas a quienes viven, trabajan o desarrollan actividades en esos lugares.
Junto a esto, señala que también se entenderá que importa una disposición patrimonial la acción por la cual la víctima cede, permite o tolera el uso, la tenencia o la ocupación de bienes muebles o inmuebles.
Agravantes para la extorsión territorial
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece que se impondrá la pena de presidio mayor en su grado máximo (15 años y un día a 20 años) cuando la extorsión se cometa en determinadas circunstancias agravadas. Entre ellas, la participación de integrantes de asociaciones delictivas o criminales y aquellos casos en que el delito se realice en beneficio o bajo el amparo de dichas organizaciones.
El texto también considera como agravante cuando los responsables empleen armas de fuego u otras armas reguladas por la Ley de Control de Armas, aun cuando cuenten con autorización para su tenencia o porte.
La iniciativa sanciona, además, a quienes, sin participar directamente como autores o cómplices de la extorsión, reciban, recauden, custodien o administren dinero, bienes o valores provenientes de este delito, siempre que conozcan su origen ilícito. En estos casos, contempla penas que van desde presidio menor en su grado máximo hasta presidio mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 10 años).
Protección de víctimas de extorsión territorial
La propuesta también fortalece la protección de las víctimas en investigaciones por extorsión territorial. En particular, faculta al Ministerio Público para solicitar medidas especiales de protección cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente riesgos de represalias contra las víctimas, sus familiares o personas que trabajen o dependan de ellas.
Estas medidas se podrán aplicar incluso cuando no se haya acreditado que el delito proviene de una asociación delictiva o criminal, ampliando así las herramientas de resguardo disponibles durante la investigación penal.
Juicio oral y comparecencia de los acusados
En otra materia, la comisión despachó el proyecto que regula la continuidad del juicio oral y permite dictar sentencia definitiva ante la incomparecencia injustificada del acusado (boletín 18208). La iniciativa busca evitar que la ausencia deliberada de imputados retrase o frustre el desarrollo de los procesos penales, otorgando herramientas para asegurar la continuidad de los juicios y resguardar una tramitación más eficaz de las causas. Esto, especialmente, en aquellos casos donde existan antecedentes suficientes para continuar el procedimiento pese a la inasistencia injustificada del acusado.
La propuesta también busca fortalecer las garantías de las víctimas y la eficacia del sistema de justicia penal frente a situaciones en que la comparecencia del acusado se transforma en un obstáculo para el avance de la causa. En ese contexto, la propuesta contempla mecanismos destinados a compatibilizar el derecho a defensa con la necesidad de evitar dilaciones indebidas y asegurar una respuesta oportuna de los tribunales frente a los delitos sometidos a juzgamiento.
Durante la sesión participaron el ministro de Justicia, Fernando Rabat; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y representantes de la Defensoría Penal Pública, quienes expusieron sus observaciones respecto de la iniciativa y de sus eventuales efectos en el desarrollo de los procesos penales.
