La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) han alertado de que la pobreza infantil constituye uno de los principales determinantes de la salud, al tiempo que han reclamado que deje de abordarse exclusivamente como un problema social para ser considerada también una prioridad sanitaria.
Ambas entidades subrayan que normalizar la pobreza infantil significa "aceptar una desigualdad" que condiciona el presente de miles de niños y adolescentes, y "compromete el futuro de toda la sociedad".
En este contexto, recuerda que, en España, el 34,8 por ciento de los niños y adolescentes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según el indicador AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion) de la Unión Europea, una de las cifras más elevadas del continente. "Mientras que en otros grupos de población la situación muestra una ligera mejoría, en la infancia estas tasas permanecen cronificadas, perpetuando desigualdades que afectan de forma directa a la salud, el desarrollo y las oportunidades de quienes las sufren", añaden.
Asimismo, las organizaciones subrayan que la evidencia científica demuestra que la pobreza no es únicamente una cuestión económica, sino un factor que condiciona la salud desde las primeras etapas de la vida. Por ello, resaltan que influye en la esperanza de vida, incrementa el riesgo de obesidad infantil, afecta a la salud mental y repercute en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de niños, niñas y adolescentes. "En definitiva, limita las posibilidades reales de que alcancen su máximo potencial", agregan.
Según advierten, esta realidad se manifiesta en ámbitos esenciales para el desarrollo infantil como la salud, ya que el acceso a una alimentación saludable, a la atención odontológica o psicológica y a otros recursos sanitarios continúa dependiendo, en demasiadas ocasiones, de la capacidad económica de las familias.
Además, indican que influye en la educación, porque la falta de material escolar, las dificultades para acceder al transporte, la brecha digital o la imposibilidad de participar en actividades extraescolares reducen las oportunidades educativas y favorecen la desigualdad desde edades tempranas.
También se manifiesta en el hogar, debido a que vivir en condiciones de hacinamiento, sufrir pobreza energética, convivir con humedades o afrontar la amenaza de perder la vivienda repercute directamente en el bienestar, la salud y el desarrollo de la infancia.
Ante esta situación, la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría Social consideran imprescindible impulsar medidas eficaces y sostenidas que permitan reducir la pobreza infantil y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la infancia.
"Garantizar los derechos de la infancia no puede depender de circunstancias económicas ni de prioridades coyunturales. Es una obligación ética, social y constitucional. Invertir en la infancia más vulnerable no solo mejora la salud y la calidad de vida de quienes hoy más lo necesitan, sino que constituye una inversión imprescindible para construir una sociedad más saludable, más equitativa y con mayores oportunidades para todos", concluyen.
