Señor director:
La discusión del Presupuesto 2027 debiera considerar como prioridad la inversión pública en obras capaces de generar empleo y mejorar las condiciones para la actividad productiva. La responsabilidad fiscal no solo exige seleccionar bien el gasto, sino también evaluar el costo de postergar infraestructura necesaria o mantener recursos sin ejecución.
En ese contexto, el Ministerio de Obras Públicas anunció, como parte del Plan Chile Despega, una cartera adicional de $377 mil millones para 2027, con 241 contratos y una proyección de 23 mil empleos. Es una señal relevante, aunque su impacto dependerá de que las licitaciones, adjudicaciones y obras avancen dentro de los plazos previstos.
La construcción moviliza trabajadores, proveedores, transporte, maquinaria y servicios, pero sus efectos pueden extenderse más allá de la ejecución. Caminos, puentes u obras de agua potable pueden mejorar la conectividad y favorecer la actividad productiva durante años.
Pero no basta con asignar recursos. La inversión debe concentrarse en proyectos con justificación técnica y social, capacidad real de ejecución y una programación verificable. El desafío entonces, es convertir oportunamente el presupuesto en infraestructura útil y oportunidades laborales concretas, para que la inversión pública contribuya a la reactivación.
Daniela Quintana Q.
Secretaria Académica Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente
Universidad Autónoma de Chile
