Chile está sufriendo de un significativo desempleo, fenómeno que ha persistido y se ha acentuado durante los últimos años. Es, en gran medida, producto de medidas de política que no atendieron las múltiples advertencias formuladas sobre sus efectos. El incremento del salario mínimo y la reducción de la jornada de trabajo fueron impulsados con entusiasmo por diversas fuerzas políticas pese a que desde la mirada de los especialistas era posible esperar no sólo un incremento en la desocupación, sino también la creación de una mayor rigidez del mercado laboral. En los días presentes se ha sumado a esa situación, la desaceleración económica que ha sufrido Chile y que ha afectado a sectores claves en materia ocupacional como es la minería. Además, como lo evidencian las cifras, prevalece un importante desajuste entre las calificaciones que predominan por el lado de la oferta de trabajo y aquellas que constituyen los requerimientos por el lado de demanda. Esto hace aún más persistente el problema de insuficientes ocupaciones, porque reacomodar el régimen formativo toma mucho más tiempo que el necesario para lograr reducir el efecto del desajuste en materia ocupacional.
El problema del desempleo que estamos viviendo se manifiesta de modo mucho más agudo en las mujeres y en los jóvenes. Los efectos multiplicadores que esto tienen en la vida social son muy preocupantes, especialmente cuando el desempleo incide en la creación de una población NINI, o sea personas que ni estudian ni trabajan, constituyendo una verdadera carga social y un foco para el desarrollo de actividades socialmente reprochables. Si el problema del desempleo es una pesada carga social que debe atenderse con prioridad, el problema de los sectores más afectados debe ser también un tema que revista mayores preocupaciones.
Ciertamente el problema ocupacional debe ser una prioridad en el diseño del presupuesto 2027. Aquí deben tener lugar todos los esfuerzos posibles para atender la expansión de la actividad productiva en los sectores más intensivos en el uso de la mano de obra. Por eso, aquello que se consulta en materia de inversión pública y de mayor expansión de la inversión privada debe ser prioritario en la consideración del financiamiento que se otorga y de los subsidios que ello amerite. El Presupuesto 2027 también contiene un paquete de subsidios al empleo formal, instrumento que puede ser fundamental para la creación de empleos permanentes. Sabemos que todo este esfuerzo se encuentra restringido por la débil situación fiscal que se viene generando desde el año 2024, siendo cierto que el mayor esfuerzo de gasto no puede llevar a inducir mayor inflación, ya que lo que se logre en materia de más ocupaciones no puede tener por contrapartida menores ingresos reales del trabajo. Aquí hay un tema delicado, que debe abordarse por medio de una reflexión que considere tanto costos como beneficios, y que no se aborde con impulsividad o con puros discursos políticos que favorezcan más lo medial que lo sustantivo.
No cabe duda que la PYME es una fuente de empleos que debe fortalecerse. Por ello, invertir en la PYME es un enorme negocio para la sociedad en su conjunto, especialmente considerando no sólo el aspecto ocupacional sino también la mayor competitividad que debe reflejarse en menores costos y mayor acceso de la población al consumo. Cuando se observa, por ejemplo, el enorme caudal de recursos que acuden al exterior como inversión de nuestros fondos de pensiones, se puede reflexionar sobre la posibilidad de convertir a la PYME nacional como un gran proyecto que beneficia al país y que puede convertirse en un atractivo importante del punto de vista financiero. Todos los esfuerzos que realiza el país para atraer más inversión del exterior no se contradicen con la idea de generar mayor inversión nacional, muy necesaria en el actual escenario.
Prof. Luis A. Riveros
IEIPP Universidad del Alba