La Comisión Europea ha propuesto este martes agilizar la elaboración de las normas técnicas que fijan los requisitos que deben cumplir productos y servicios para poder venderse en toda la Unión Europea, con una reforma que busca reducir de seis a cuatro años el tiempo medio necesario para desarrollarlas y garantizar el acceso gratuito a aquellas vinculadas a la legislación comunitaria.
Estos estándares establecen las especificaciones que debe cumplir un producto, servicio o proceso, desde la seguridad de un juguete hasta la compatibilidad de un cargador de teléfono, y permiten a las empresas utilizar unos mismos requisitos técnicos para comercializar sus productos en los distintos países de la Unión sin tener que adaptarlos a reglas nacionales diferentes.
Para recortar los plazos, el Ejecutivo comunitario plantea fijar límites de tiempo "más claros" para elaborar las normas que solicita y simplificar los procedimientos, además de permitir recurrir en determinados casos a especificaciones técnicas ya existentes mientras se completa el estándar definitivo. También prevé que otras organizaciones especializadas puedan participar en los trabajos cuando existan necesidades urgentes o muy específicas.
Con estos cambios, Bruselas calcula que el proceso podría acortarse en un tercio, desde los seis años actuales hasta cuatro, facilitando que los productos puedan acreditar antes que cumplen las exigencias comunitarias y, por tanto, acceder más rápidamente al mercado europeo.
La reforma contempla además que las normas armonizadas y aquellas citadas en la legislación de la UE puedan consultarse gratuitamente, después de que recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecieran que forman parte del Derecho comunitario y, por tanto, deben estar disponibles sin coste.
Según señala el Ejecutivo comunitario, la medida afectaría a unas 3.650 de las cerca de 27.000 normas disponibles actualmente en los catálogos de los organismos europeos de normalización, y Bruselas plantea crear repositorios específicos para facilitar su consulta por empresas, administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.
La propuesta también pretende facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas en la elaboración de estas reglas técnicas, obligando a los organismos nacionales de normalización a reducir los costes que supone para las pymes intervenir en el proceso, al tiempo que refuerza la presencia de representantes de la sociedad civil, el mundo académico y las autoridades públicas.
Bruselas quiere asimismo reforzar la coordinación europea en la elaboración de estándares internacionales, especialmente ante el peso creciente de tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o las baterías, ámbitos en los que reconoce que la UE tiene cada vez más dificultades para disponer a tiempo de normas que permitan acreditar el cumplimiento de su legislación.
Para ello, la Comisión plantea crear un Centro de Expertos sobre Normalización Europea, encargado de coordinar mejor las prioridades comunitarias en este ámbito y orientar la posición europea, mientras que la reforma deberá ser ahora negociada y aprobada por el Parlamento Europeo y los Veintisiete antes de entrar en vigor.
