​Chile no crece cuando el Estado se transforma en el freno

Si a un economista de los años noventa le hubieran dicho que el cobre llegaría a seis dólares la libra, habría imaginado pleno empleo, superávit fiscal y grúas en todo Chile. Hoy tenemos ese precio, pero no esos resultados. El Imacec de agosto cayó 1%; la actividad minera se desplomó 17,4%, hasta su nivel más bajo desde 1996; el desempleo subió a 9,6%, con 989 mil personas buscando trabajo; y Hacienda redujo su proyección de crecimiento de 1,8% a 0,7%, tras reconocer que subestimó la caída minera.

Incluso ese 0,7% parece difícil. La economía acumula una contracción de 0,5% a agosto y, para alcanzar la cifra oficial, los cuatro meses restantes tendrían que crecer sobre 3%, pese a una minería que cae a dos dígitos. Estimo que 2026 cerrará en torno a cero, con mayor riesgo de terminar en rojo, y que la producción de cobre bordeará 5,1 millones de toneladas: 6% menos que el año anterior. Son 325 mil toneladas no producidas y cerca de US$4.300 millones que Chile dejaría de exportar en el mejor mercado de la historia.

Las menores leyes, las mantenciones y el mal clima explican un mes, no una década. En los noventa Chile crecía 6,2% anual; entre 2014 y 2024, solo 2%. Hacienda fijó el crecimiento tendencial no minero en 2,6%. Aunque mañana se recuperara toda la producción de cobre, el resto de la economía tendría un techo inferior a la mitad del registrado cuando el país sacó a millones de personas de la pobreza.

Seis causas que se refuerzan entre sí

Productividad estancada. Desde mediados de los 2000 la productividad total de factores dejó de aportar al crecimiento. En minería, la caída de las leyes obliga a mover más roca por cada tonelada de cobre fino.

Menor inversión. Tras 2013, el fin del superciclo coincidió con la reforma tributaria de 2014, que elevó el impuesto corporativo de 20% a 27%, y con el término del DL 600, que daba invariabilidad tributaria al capital extranjero. El Banco Central proyecta que la inversión caerá 0,3% en 2026.

Incertidumbre permanente. Reforma laboral en 2016, estallido social en 2019, dos procesos constitucionales entre 2020 y 2023 y tres retiros previsionales, que sacaron cerca de US$50.000 millones del mercado de capitales. Como resumió el ministro Quiroz: «Nos tapamos de impuestos, nos tapamos de regulaciones, perdimos la seguridad e hicimos a Chile poco atractivo».

Un Estado que frena. La CNEP contó 439 trámites y 71 organismos en la ruta de un proyecto; el CEP estimó que la permisología cuesta 7,3% del PIB.

Gasto público y deuda. La deuda bruta pasó de menos de 4% del PIB en 2007 a más de 40%, mientras el déficit estructural de 2025 llegó a 3,7%. Endeudarse para gasto corriente desplaza ahorro privado y resta espacio a la infraestructura.

Demografía y capital humano. El FMI calcula que la población en edad de trabajar crecerá apenas 0,15% anual entre 2025 y 2035. Sin más trabajadores, crecer exige productividad, y la educación no ha mejorado al ritmo necesario.

Durante quince años legislamos como si la inversión fuera a llegar de todas formas. A la mayor carga tributaria y al fin del DL 600 se sumaron la reforma laboral, la incertidumbre constitucional, los retiros previsionales, un royalty que dejó la carga efectiva en 44,7% —sobre Perú, Australia y Canadá—, patentes mineras más caras y un sistema de permisos excesivo. Ninguna decisión detuvo por sí sola a Chile; juntas, sí. Un proyecto de 200 mil toneladas atrasado un año le cuesta al país US$2.400 millones en exportaciones y US$600 millones en recaudación. Por eso, el peor royalty es el tiempo.

La cartera de Cochilco alcanza US$104.549 millones, pero 81% corresponde a reposición o ampliación de minas existentes y solo 19% a yacimientos nuevos; en Perú, los proyectos nuevos representan 63%. Los últimos desarrollos greenfield chilenos de gran escala fueron Sierra Gorda y Caserones, en 2014, y Antucoya, en 2015. Llevamos más de una década invirtiendo para no caer. Al mismo tiempo, la ley promedio del mineral bajó de 1,13% en 2002 a 0,62% en 2024: producir la misma tonelada de cobre exige procesar 82% más roca.

La minería también tiene responsabilidad. Codelco pasó de más de 1,7 millones de toneladas en 2017 a 1,3 millones, acumula una deuda de US$27.000 millones y registra costos 50% superiores a los de sus competidores, según reconoció su presidente del directorio. Codelco, Escondida y Spence explican 91% de la caída del primer semestre. La industria privada exploró menos y los gremios advertimos tarde lo que los datos mostraban desde hace veinte años.

También conviene precisar los efectos del royalty y de las 40 horas. El royalty no causó la caída de este año: con estos precios, la minería privada pagará cerca de US$8.000 millones en impuestos, 32% más que en 2025. Su efecto pesa menos sobre la mina existente que sobre la que no se construye. La reducción de jornada, junto con el alza del salario mínimo, habría costado hasta 0,3 puntos de desempleo y 1,5% del empleo formal, según el Banco Central. Aún falta bajar a 40 horas en 2028; reducir horas sin elevar productividad aumenta el costo laboral unitario.

Decisiones con costo acumulativo

No todas las normas cuestionadas son malas en su objetivo. El problema fue la suma, la secuencia y la falta de una evaluación seria de su costo sobre la inversión. Entre ellas están la reforma tributaria de 2014; el fin de la invariabilidad del DL 600 en 2015-2016; la reforma laboral de 2016; los retiros previsionales de 2020-2021; el proceso constitucional de 2021-2023; las patentes mineras progresivas y la reforma al Código de Aguas de 2022; y, desde 2023, la Estrategia Nacional del Litio, el royalty, la jornada de 40 horas y el Servicio de Biodiversidad. A ello se agregan rechazos o anulaciones emblemáticas, como Dominga y la RCA de la ampliación de Collahuasi por US$3.200 millones.

Hay una señal positiva: la Ley 21.770 de autorizaciones sectoriales, de 2025, fija plazos de 25 a 120 días, silencio administrativo y ventanilla única. Es el primer giro en la dirección correcta en años, aunque todavía no se percibe en terreno. Una ley de permisos que no se nota en la faena es solo un buen titular.

El litio ofrece alivio, pero no reemplaza al cobre. Sus exportaciones del primer semestre sumaron US$3.218 millones, casi el triple que un año antes, y compensarán parte de las divisas e impuestos perdidos. Sin embargo, no mueve el Imacec ni genera el empleo del cobre, sigue saliendo de un solo salar y la estrategia de 2023 no ha agregado una tonelada nueva al mercado. Rio Tinto producirá en Rincón, Argentina, en 2028; en los Salares Altoandinos de Chile, en 2032.

Detrás de la falta de proyectos nuevos hay fallas concretas: la exploración básica está en mínimos y representa 21% del presupuesto global, según S&P; Chile carece de incentivos equivalentes a las flow-through shares de Canadá o a la devolución de IGV de Perú; las empresas junior no tienen un mercado de capitales local; grandes superficies permanecen concesionadas sin trabajo geológico; y la evaluación ambiental puede terminar en litigios que anulan una RCA años después. Mientras Chile alcanza una carga efectiva de 44,7%, Argentina ofrece 25% de impuesto a la renta y 30 años de estabilidad.

Para 2027 proyectaría un crecimiento de entre 2,5% y 3%, algo menor que el 3,3% de Hacienda. Con una minería que rebote entre 4% y 6%, habrá alivio, pero buena parte será efecto estadístico tras un año muy débil: más precio que cantidad. Lo decisivo es lo que hagamos ahora.

Una agenda para volver a crecer

Permisos en un máximo de tres años, con responsable, ventanilla única real, silencio administrativo positivo e informe trimestral por servicio.

Estabilidad tributaria por 20 años para proyectos greenfield, con invariabilidad contractual, depreciación acelerada y sin nuevas alzas de carga.

Incentivos a la exploración: crédito tributario tipo flow-through, recuperación anticipada de IVA y un segmento junior en la bolsa.

Una meta de un millón de toneladas adicionales en diez años, mediante proyectos nuevos, productividad, relaves y lixiviación de sulfuros primarios, con seguimiento anual.

Reforma del gobierno corporativo de Codelco: holding con filiales autónomas, capitalización contra resultados y socios privados donde la estatal no pueda avanzar sola.

Apertura del litio, con CEOL competitivos que permitan producir antes de 2030 en más de un salar.

Productividad a cambio de jornada, con adaptabilidad pactada y capacitación antes de llegar a 40 horas en 2028.

Regla fiscal para la bonanza: destinar los ingresos del cobre y el litio sobre el precio de referencia a infraestructura habilitante, como agua desalada, transmisión eléctrica y puertos.

«Las autoridades tienen los permisos y las empresas tienen el capital. Lo único que ninguno de los dos tiene es más tiempo».

Un país que produce menos cobre con uno de los precios más altos de su historia no tiene un problema de mercado, sino de decisiones. A las autoridades les pido plazos; a las empresas, proyectos. Lo demás son seminarios.

Manuel Viera Flores

Presidente de la Cámara Minera de Chile

CEO de Metaproject