La noticia de que el Gobierno pretende subir la vara de eficiencia a los hospitales públicos debería ser recibida con una mezcla de interés y cautela. Interés, porque nadie puede defender que un sistema que administra miles de millones de pesos no sea sometido permanentemente a altos estándares en su gestión. Y cautela, porque en el área de la salud, la palabra “eficiencia” puede terminar significando cosas muy distintas según quién la pronuncie.
Hay consenso en que el problema es real. Si año tras año los hospitales terminan necesitando recursos adicionales porque los presupuestos originalmente asignados no alcanzan, algo falla en la planificación. Y si el Ministerio de Salud debe recurrir sistemáticamente a recursos extraordinarios -para cubrir obligaciones que eran previsibles-, tampoco parece razonable asumir que la solución consiste simplemente en aumentar el presupuesto.
La Dirección de Presupuestos ha advertido que el presupuesto inicial de la cartera aumentó 79% en los últimos diez años y que existe una tendencia a que el gasto ejecutado termine por encima del aprobado originalmente. En 2024, además, el gasto ejecutado alcanzó $16 billones de pesos, lo que representa un aumento de 141% respecto a 2010.
Más recursos no pueden ser la única respuesta cuando los resultados no mejoran. Al mismo tiempo, hay una pregunta importante: ¿eficiencia para qué? Un hospital no es una empresa cualquiera. Su objetivo no puede ser gastar menos, sino entregar más y mejores prestaciones.
Por ejemplo, un recinto puede reducir su gasto y, al mismo tiempo, incrementar las listas de espera. Puede ahorrar en determinadas partidas y terminar pagando mucho más por resolver las consecuencias de una mala gestión. Puede cumplir formalmente con un presupuesto y, sin embargo, mantener pabellones subutilizados, camas mal gestionadas o pacientes aguardando durante meses por una atención.
Así, hay indicadores clave a medir: la cantidad de cirugías que se realizan; los tiempos de espera de los pacientes; el funcionamiento efectivo de los pabellones; la disponibilidad de camas y cuánto se gasta en compras de urgencia que podrían haberse planificado, entre otros.
También hay que reconocer que no todos los hospitales son comparables. Un establecimiento de alta complejidad no enfrenta las mismas condiciones que un hospital de menor tamaño. Aplicar una regla idéntica para todos puede terminar castigando precisamente a quienes cumplen funciones que otros prestadores no pueden realizar.
La eficiencia, por tanto, requiere información, gestión y también responsabilidad política. El desafío de la autoridad debería ser bastante más ambicioso que simplemente contener la sobre-ejecución. Se trata de construir un sistema capaz de anticipar sus necesidades, asignar correctamente sus recursos y evaluar sus resultados.
Luis Castillo
Director del Instituto Libertad.
Ex subsecretario de Redes Asistenciales.