Alianza público-privada para una infraestructura hídrica compartida
Pese a los sistemas frontales recientes y al alivio puntual en algunos embalses, Chile, especialmente en sus zonas norte y centro, mantiene una condición estructural de déficit hídrico .
Por eso, debemos seguir mirando nuevas opciones para dar seguridad hídrica de largo plazo. La iniciativa presentada para la Región de Atacama por la gobernación, en orden a implementar una red de conducción de agua desalada, a nivel regional o de cuenca, es relevante en el sentido que desplaza la discusión desde un modelo de planta desaladora aislada hacia una mirada de infraestructura hídrica compartida por diversos actores, conformando así proyectos multipropósito.
En una zona donde conviven sectores como la minería, agricultura, consumo humano y ecosistemas bajo estrés, una red basada en fuentes alternativas como el agua desalada puede ayudar a reducir la presión sobre acuíferos y fuentes continentales, entregar mayor seguridad a la agricultura y evitar alternativas que pueden ser ambientalmente más sensibles, como profundizar la extracción subterránea o pensar en traspasos de agua desde otras cuencas (con los problemas de derechos de aguas que esto supondría).
Además, un proyecto multipropósito puede ordenar una realidad que ya existe: industrias como la minería -que posee capacidad de inversión-, podrían actuar como “usuario ancla” para viabilizar económicamente infraestructura que también beneficie a otros sectores.
Ahí está el debate. La desalación no es una solución barata. El costo no está solo en producir agua, sino en tareas como conducirla, elevarla, almacenarla, distribuirla y asegurar contratos que permitan financiar obras a largo plazo.
La nueva Ley de Desalinización -promulgada en mayo pasado-, incorpora una señal importante al permitir que se exija un aporte de hasta 5% de la capacidad de producción para consumo humano o saneamiento. Sin embargo, esa reserva no resuelve por sí sola el problema: falta definir de qué manera se entrega, qué entidad financia las conexiones, a quién corresponde la operación de los sistemas y cómo se asegura que el beneficio llegue efectivamente a comunidades, sistemas rurales o territorios vulnerables.
Por eso, la alianza público-privada en la materia es clave. La replicabilidad del modelo en otras regiones dependerá de construir gobernanza en materia hídrica para responder a interrogantes referidas al financiamiento, la responsabilidad de la operación, quiénes serían los beneficiarios del agua, bajo qué reglas ambientales y los territorios beneficiados, lo que depende de tareas de coordinación.
Más allá de la desalación como promesa tecnológica -que ya es un hecho-, vemos que se abre la oportunidad de concebir la desalación como una infraestructura compartida por los usuarios.
Patricio Poblete
Comité Recursos hídricos y medio ambiente
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
