Tras una serie de audiencias y alcanzar acuerdos en uno de los temas más debatidos, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización comenzó la votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
Cabe recordar que la indicación del Ejecutivo, sobre la obligación de entregar información, generó una serie de divisiones en el interior de la instancia especializada y entre los diversos expositores, principalmente por que se proponía que:
“Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y la autoridad contralora los antecedentes que éstas requieran, incluidos el domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y demás datos personales pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación, de conformidad a la presente ley”.
Al respecto, y tras el trabajo de prelegislativo, se concordó que no se requerirá información en los establecimientos de salud; no se requerirá información en establecimientos de educación parvularia, básica y media, y, en ningún caso, se pedirá información de un menor de edad.
Para estas precisiones se acordó abrir un plazo de 24 horas para que el Ejecutivo presente indicación ad hoc, lo que fue respaldado por la Sala del Senado.
El acuerdo fue valorado transversalmente y la presidenta de la instancia especializada, senadora Danisa Astudillo, destacó que el Ejecutivo haya escuchado las opiniones de diferentes actores que cuestionaron una posible delación de migrantes.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recalcó que “nunca ha sido voluntad del Ejecutivo ninguna cosa distinta a obtener datos de contacto para notificaciones. Jamás se ha insinuado, siquiera, que haya obligación de denuncia o reporte a ningún tipo de persona, pero entendemos que la política es lo que es y se generó una sensación de que la redacción podría inhibir, tener complicaciones adicionales, por lo que se propone un acuerdo”.
La Comisión avanzó con una serie de sanciones y espera continuar durante la próxima sesión que está citada para este miércoles 10 de junio.
