Eventos viales: Una metáfora que se reitera
Los llamados “eventos viales” - hoyos, baches y cortes en la red de calles - son una, pero no la única, de las expresiones más visibles del deterioro urbano en Chile. Según estimaciones, cada año se reciben más de 50 mil reclamos ciudadanos por daños en la calzada en la Región Metropolitana y la prensa entre los años 2023 y 2024 daba cuenta que los baches superaban los 500 mil solo en la región metropolitana. A modo de ejemplo, en comunas como Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, donde se han autorizado más de 3.000 proyectos inmobiliarios en la última década, la presión sobre la red vial y los estándares de contaminación junto a otras externalidades negativas se han manifestado crecientemente. Excavaciones, tránsito de maquinaria pesada y obras que no restituyen adecuadamente las calzadas generan daños que terminan recayendo en todos los municipios y afectan directamente la calidad de vida de vecinos y peatones en diferentes comunas.
El diagnóstico La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695, artículo 4, letra c) establece que corresponde a los municipios la construcción, conservación y administración de las vías públicas urbanas. Sin embargo, pareciera que la falta de recursos, probablemente agravada con las nuevas reformas sobre impuestos territoriales; la fragmentación de competencias y la ausencia de planificación preventiva hacen que la mantención vial sea una tarea reactiva y muchas veces cosmética. A esto se suma la escasa fiscalización hacia las inmobiliarias, que pese a estar obligadas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458) a reparar el espacio público afectado, frecuentemente dejan daños sin resolver o demoran en dar una solución efectiva, afectando la cotidianeidad de vecinos y transeúntes. El resultado es dramático: más proyectos inmobiliarios, más eventos viales y menor capacidad institucional para dar respuesta.
El costo económico versus. el beneficio social La mantención vial adecuada implica un costo económico significativo para los municipios, que deben destinar recursos a reparación, limpieza y fiscalización. En el caso de no hacerlo y ocurrir situaciones de daños personales o materiales se ven también expuestos a acciones judiciales que afectan su patrimonio institucional.
En consecuencia, calles en buen estado reducen accidentes, disminuyen los costos de mantención vehicular, mejoran la movilidad urbana y fortalecen también la confianza y adhesión ciudadana hacia sus autoridades locales. En términos económicos, cada peso invertido en prevención y mantención genera ahorros futuros al evitar reparaciones mayores y externalidades negativas como las ya descritas precedentemente. En términos sociales, la inversión en infraestructura vial significa mejor calidad de vida y mayor seguridad.
Los municipios deben pasar de la lógica reactiva a una planificación preventiva, incorporando tecnologías de monitoreo y sistemas de gestión vial que permitan anticipar daños. Es indispensable fortalecer la fiscalización y aplicar sanciones efectivas a las constructoras que incumplen la restitución de calzadas, además de transparentar públicamente los registros de reclamos y obras responsables. En consecuencia, se necesita una inversión sostenida en infraestructura y coordinación interinstitucional, de modo que cada proyecto inmobiliario se traduzca en desarrollo urbano y no en deterioro.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
