La importancia del rigor técnico en una reforma tributaria
Nuevamente estamos viviendo un proceso de reforma tributaria y, una vez más, debemos reflexionar sobre la forma en que se está desarrollando el debate legislativo en esta materia.
En este contexto, es importante recordar que la teoría económica reconoce que los impuestos producen efectos sobre la actividad económica de un país. Aunque estos no siempre son inmediatos ni determinantes, sí pueden generar consecuencias positivas o negativas sobre variables tan relevantes como la inversión, el ahorro, el empleo y el crecimiento.
Es ya un referente clásico la denominada “curva de Laffer”, que plantea que, a partir de cierto punto, un aumento en las tasas impositivas puede traducirse en una menor recaudación efectiva. Este principio, al parecer, no fue suficientemente considerado por las autoridades económicas que diseñaron la reforma tributaria de 2014. Dicha reforma debió ser corregida en 2016 y, posteriormente, en 2020, se eliminó uno de sus elementos más emblemáticos: el sistema de renta atribuida.
En su momento, esta reforma fue presentada como una medida necesaria y el Banco Mundial estimó que podría contribuir a una mejor redistribución del ingreso y al fortalecimiento de la equidad. Sin embargo, los hechos y la perspectiva histórica permiten sostener que no alcanzó plenamente los objetivos propuestos y, lo que es más preocupante, generó efectos negativos sobre la economía.
Diversos antecedentes respaldan esta conclusión. En 2020, los economistas Adolfo Fuentes y Rodrigo Vergara señalaron que la reforma no logró recaudar lo que se había proyectado. En 2024, Emiliano Toni, Pablo Paniagua y Patricio Órdenes estimaron que cerca de dos tercios de la desaceleración económica de Chile podrían explicarse por cambios en la política pública implementados desde 2014. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió en ese mismo año que la reforma podía generar incertidumbre y afectar la inversión y el crecimiento. Asimismo, un informe del Banco BCI alertó sobre su potencial impacto en las decisiones de inversión. A ello se suma la posición crítica y consistente del economista Klaus Schmidt-Hebbel respecto de los cambios tributarios introducidos.
Como una evidencia que reafirma lo señalado en esos informes y opiniones, la semana pasada los economistas Andrea Repetto y Alejandro Micco, quienes participaron activamente en el diseño e implementación de esa reforma, realizaron una autocrítica. Reconocieron que el diseño descansaba en el supuesto de que Chile mantendría el dinamismo económico y la holgura fiscal que exhibía en ese momento, premisa que, con el tiempo, demostró ser equivocada.
Todos estos antecedentes permiten concluir que una reforma tributaria debe sustentarse en criterios objetivos, en fundamentos técnicos sólidos y en evidencia empírica suficiente. Solo así es posible alcanzar los resultados que el país necesita.
Bajo esa lógica, el actual gobierno ha presentado una nueva reforma, basada en la hipótesis de que una reducción de la carga tributaria podría traducirse en una mayor recaudación a través de un mayor crecimiento económico. Se trata, sin duda, de una apuesta audaz, que podría dar buenos resultados, pero únicamente si las estimaciones técnicas que la sustentan son rigurosas y realistas.
El proyecto ya fue ingresado al Congreso y corresponde ahora a los parlamentarios discutirlo, perfeccionarlo, aprobarlo o rechazarlo. Sin embargo, ese proceso debe desarrollarse con seriedad y responsabilidad, sobre la base de argumentos técnicos, principios económicos y evidencia comprobable.
Sin embargo, hemos conocido la declaración de algunos diputados que anunciaron su intención de presentar aproximadamente 2.500 indicaciones al proyecto. Ello inevitablemente lleva a formular una pregunta: ¿existen realmente 2.500 argumentos técnicos en contra de la propuesta del Gobierno? O, dicho de otro modo, ¿es tan deficiente el proyecto desde un punto de vista técnico como para justificar semejante cantidad de modificaciones?
Creo que es de sano criterio, como ciudadanos, exigir a nuestros representantes una actuación seria y documentada para discutir proyectos como el que están debatiendo en la actualidad, porque los efectos positivos o negativos de su trabajos parlamentario, afectarán el futuro de nuestro país y, de ser una discusión mezquina, sufriremos las consecuencia de la desidia parlamentaria que seguirá provocando la caída de nuestra economía, situación que no será excusable con futuras autocríticas públicas.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago
