Alcaldes de fiesta
El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre los gastos municipales en celebraciones durante el periodo 2024 y 2025 revela una práctica preocupante: el uso de recursos públicos en conmemoraciones o celebraciones están lejos de responder a necesidades comunitarias esenciales. El gasto total en este ítem superó los $31 mil millones. Cifras muchas veces superiores a las inversiones sociales que se requieren de urgencia en las distintas comunas. Este desbalance comprueba que las celebraciones se han transformado en una eficaz herramienta de fidelización electoral.
El documento que ha circulado profusamente en redes sociales y la prensa da cuenta que municipios como Alto Hospicio, Vitacura y Padre Las Casas superaron los $500 millones en celebraciones. Comunas pequeñas como Río Verde o Camarones exhiben gastos per cápita que parecen desproporcionados a la realidad local: en Río Verde, cada habitante “recibió” simbólicamente casi $982 mil en celebraciones. Este tipo de cifras no solo evidencian un uso discutible de los recursos públicos, sino que también ponen en duda la racionalidad de las decisiones presupuestarias.
Se privilegian celebraciones masivas (día de la mujer, de la infancia, del adulto mayor) con montos que superan los $2.600 millones en algunos casos, mientras que la asistencia social directa queda relegada. El diagnóstico es claro: “los municipios han convertido las festividades en vitrinas políticas, donde la visibilidad del alcalde, parlamentarios habitualmente de su misma tendencia y adherentes actuales y potenciales rinden un mayor rédito que responder a demandas urgentes y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
Es evidente que el problema real no necesariamente radica en la existencia de celebraciones como expresión socio cultural, sino más bien en su desproporción y en la aparente “lógica política” que sostiene este tipo de decisiones. Cuando el gasto en fiestas es excesivo o supera al gasto social, se comprueba la sospecha de que los recursos públicos se utilizan como mecanismo de clientelismo.
Situaciones como estas contribuyen, una vez más, a debilitar la confianza en el sistema político macro, sus instituciones y en la propia gestión municipal como garante del bienestar común. Se perpetúa así una relación desigual entre autoridades y vecinos, basada en favores simbólicos más que en derechos sociales.
La solución, ante este tipo de conductas, exige un cambio normativo y cultural. Normativo, porque se requiere establecer límites claros al gasto en celebraciones, vinculándolo proporcionalmente al gasto social y a la situación financiera de cada municipio. La Contraloría ya ha advertido la necesidad de fiscalizar, pero es imprescindible que el Congreso avance en regulaciones que impidan que este tipo de actos se conviertan en un fin en sí mismo. Cultural, porque los municipios deben reorientar su rol hacia la construcción de ciudadanía. Las celebraciones deben mantenerse, pero con un carácter austero y pedagógico, que refuerce valores comunitarios sin desviar recursos esenciales.
La transparencia en la rendición de cuentas, el contrapeso de los Concejos municipales y la participación ciudadana en la definición de prioridades y autorizaciones presupuestarias son claves para evitar que el gasto festivo se transforme en propaganda política.
En definitiva, las fiestas no deben ser la moneda de cambio para fidelizar votos. La legislación municipal requiere cambios urgentes en este sentido y así evitar el despilfarro de recursos públicos. En los alcaldes recae esta obligación ética que muy pocos parecieran están dispuestos a cumplir., se trata sólo de garantizar que cada peso invertido responda al interés general y no a la conveniencia electoral.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
