Políticas Públicas: ir por todo, pero no con todo

El gobierno ha implementado una serie de medidas económicas, presentadas como una estrategia de reactivación económica y de responsabilidad fiscal al intentar ordenar el estado de la hacienda pública, que abarcan entre otras: rebajas tributarias, simplificación de trámites burocráticos, ajustes a la baja de un 3% al gasto público bajo el argumento de la necesidad de establecer disciplina fiscal y en estas últimas semanas un sinceramiento al precio de las bencinas. Esta batería de acciones, junto a otras, trasciende la gestión de la autodenominada emergencia y, pareciera transformarse en los hitos fundamentales de un nuevo modelo de desarrollo.

Así, la reducción del Impuesto de Primera Categoría, del 27% al 23%, representa una apuesta por incentivar la inversión y alinear a Chile con los estándares promovidos por la OCDE. Sin embargo, una mirada en profundidad permite reconocer argumentos que van en una dirección opuesta, a saber: a) una potencial menor recaudación fiscal y el consiguiente aumento del déficit; b) beneficio concentrado en altos ingresos; c) complejidad inherente a su compensación y d) la incertidumbre en cuanto a su real impacto en el aumento de la inversión. En este sentido, no puedo sino sumarme al argumento de que no hay evidencia histórica sobre que una medida de esta naturaleza garantice automáticamente y en un plazo acotado una mayor contratación o desarrollo económico, y que el éxito dependería más de otros factores macroeconómicos.

Respecto de la exención del IVA a la venta de viviendas, iniciativa que busca dinamizar el mercado inmobiliario y aliviar el déficit habitacional, y lo he planteado en otras oportunidades, esta medida conlleva riesgos que en mi opinión también apuntarían en la dirección contraria, entre ellas: a) una menor recaudación fiscal que podría implicar una reducción en el financiamiento para políticas públicas, b) una posible presión inflacionaria en el precio de las viviendas dado que un aumento en la demanda podría incrementar los precios; c) una potencial ralentización en la venta de viviendas, en caso de que los compradores decidan postergar su decisión hasta no conocer las condiciones una vez que la medida entre en vigencia; d) beneficio regresivo si no se focaliza en viviendas de precio medio bajo y e) las complejidades administrativas derivadas de la aplicación de cambios tributarios a corto plazo, dada la incertidumbre jurídica que conlleva.

Medida tales como reducir el gasto público un 3% de forma pareja y las recientes medidas sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios a los Combustibles (MEPCO) plantean un dilema clásico: priorizar la sostenibilidad de la Hacienda Pública o amortiguar el impacto de afectar programas y/o proyectos de impacto social. En efecto, y solo a modo de ejemplo, la decisión adoptada de disminuir el nivel de subsidio a las bencinas, trasladando el costo real del petróleo internacional a los consumidores y reducir el gasto público para todos los ministerios y sin consideración alguna de su impacto en ámbitos o esferas de acción de alta demanda ciudadana, como la seguridad, pareciera constituir un error político que afecta la legitimidad del gobierno y la confianza social. Priorizar la disciplina fiscal sin considerar las necesidades más urgentes transmite una imagen de un Estado desconectado de las preocupaciones cotidianas abriendo un espacio para críticas de la oposición y dando pie a movilizaciones ciudadanas.

Medidas de esta naturaleza, tendrán como efecto inmediato e indeseado la pérdida de adhesión del gobierno, especialmente si no se acompañan de políticas focalizadas que mitiguen las externalidades negativas que afectarían principalmente a los sectores más vulnerables. En lo político, genera un costo reputacional al percibirse que el gobierno sacrifica bienestar por austeridad y por otro, se incrementa la presión institucional para reorientar recursos, lo que puede derivar – esperemos que no - en crisis de gobernabilidad.

Es evidente que decisiones de esta naturaleza puede representar una oportunidad histórica para repensar la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, pero reconozcamos su alto riesgo. Sólo el anuncio de las medidas ha generado una baja de más de 20 puntos en la adhesión al gobierno. Su éxito no depende sólo de la rapidez en la firma de decretos, sino que fundamentalmente en la capacidad del equipo de gobierno para generar consensos políticos amplios y duraderos. Si logra desplegar el arte de la política, este conjunto de medidas podría convertirse en un hito que marque el inicio de una nueva etapa de desarrollo para Chile, donde consiguiendo crecimiento económico, cohesión social y fortalecimiento institucional, de lo contrario, quedará como un intento fallido de cumplir promesas de campaña y de respuestas robustas y urgentes ante las demandas de los territorios afectados por desastres. 

Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile