Derechos Humanos como escudo ideológico: ¿protección o impunidad?
Hace aproximadamente un año atrás, en una entrevista de televisión, la periodista Mónica Rincón le preguntó al actual ministro de la Vivienda, Iván Poduje si estaba a favor o en contra de la pena de muerte en Chile. El ministro señaló su apoyo a la pena de muerte argumentando que quienes asesinan a carabineros (citando el caso de un carabinero que fue acribillado con 17 balazos antes la vista de su familia) y a niños como los pedófilos deben recibir un castigo severo como la pena de muerte. La periodista contraargumentó que ello no era posible en virtud del Tratado Internacional de San José de Costa Rica que, entre otras cosas, señala que toda persona tiene derecho a que se le respete tanto su integridad física como psíquica y que nadie puede ser sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, señala que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto inherente a la condición humana. De tal manera que restablecer antes estos horribles casos la pena de muerte no es más que “un anhelo del ministro” señaló la periodista.
En este mes de marzo que ya termina murió el Sargento 2° de Carabineros Javier Figueroa, baleado en la cabeza durante una fiscalización que realizaba la semana anterior a su muerte en Puerto Varas. Ayer se mostraba en las noticias el modus operandi de bandas criminales formadas por extranjeros que extorsionan a personas incendiándoles sus casas o negocios sin importarles si hay o no adultos, niños o mayores adultos. Así hoy en día vemos figuras delictuales horribles que no se veían en nuestra sociedad desde hace 10-15 ó 20 años atrás, muchas de ellas introducidas justamente por inmigrantes ilegales. Manifestaciones que se desperfilan de su esencia y terminan en verdaderas guerras campales en nuestras calles con destrucción de bienes tanto público como privado.
La lista es larga. En muchos de estos casos hemos escuchado con alta voz de un sector político recurrir a la defensa de los derechos humanos. El derecho humano a manifestarse, el derecho humano a migrar nos decía. El tema no es cuestionar la existencia de los derechos humanos como figura legal sino cuando se les hace un uso político a estos; cuando se usan como un verdadero instrumento para poder justificar todo, incluso una determinada ideología. Ahí se degrada, se desnaturaliza. El Pacto de San José de Costa Rica es del año 1969, es decir, surgió en un contexto mundial muy distinto al que se vive en el 2026.
En el caso de Chile por desgracia contamos hoy en día con crimen organizado, narcotráfico, tráfico de personas, pedofilia, pornografía infantil, por señalar algunos, que son verdaderos degradantes y amenazas a toda sociedad. Son conductas sociales que no tienen ningún respeto por la vida, es más, la desprecian. Son un verdadero cáncer. El derecho entendido como conjunto de normas y principios es dinámico, no es estático lo que quiere decir que debe ir siempre evolucionando de acuerdo con la conducta humana. Por desgracia esa evolución generalmente va más atrás de las necesidades sociales. Pero lo que no puede ocurrir en una sociedad es que los nuevos fenómenos delictuales encuentren en este tipo de cuerpo legal una especie de refugio, un verdadero escudo ante su reprochable conducta.
No es lógico que la gran mayoría de la sociedad no pueda sentirse verdaderamente protegida ante quienes realizan este tipo de delitos que son un verdadero atentado a la vida, la democracia como al orden y seguridad pública. La invitación es a reflexionar porque ha llegado el momento de revisar nuestra normativa interna (Constitución, leyes) como externa (tratados internacionales ratificados por Chile) a fin de quienes atenten gravemente a la vida de las personas, a la democracia, al orden y seguridad interna de la Nación no sientan que el costo de dañar es bajo, no se sientan hasta cierto punto protegidos. La clase política toda debe hacer el trabajo para el cual han sido elegido, destinar el tiempo a este tipo de desafío social, dejar más de lado la trinchera y la pequeñez política; dejar de lado buscar en su oponente el milímetro de desacuerdo para armar todo un espectáculo mediático.
Los expertos en la materia deben ser llamados y aportar con sus distintos puntos de vistas, porque lo cierto es que no hay tiempo que perder. Determinar si el Pacto de San José de Costa Rica como otras normas son o no capaces de asegurar la paz social con las nuevas formas de amenaza a la sociedad es entre otras cosas una cuestión que urge resolver.
Mauricio Maturana C.
Abogado
