Sr. director:
Los recientes episodios de violencia, como el Liceo B-10 de Calama y el Liceo Lastarria, no representan hechos aislados, sino la manifestación crítica de una violencia urbana que ha permeado los muros de nuestras instituciones educativas. Lo ocurrido es, dolorosamente, una crónica de una situación anunciada.
Este fenómeno no es espontáneo; es el reflejo de factores estructurales como la desigualdad y la desintegración de los núcleos familiares, potenciados por una severa crisis de salud mental. Ante esto, la respuesta estatal no puede seguir siendo simplemente reactiva ni limitarse al control policial de las inmediaciones. Es imperativo implementar medidas de prevención profunda que transformen la convivencia desde adentro, fomentando programas que canalicen el conflicto hacia el deporte y la cultura, y fortaleciendo el apoyo clínico especializado en psicología y psiquiatría dentro de los planteles.
Asimismo, debemos ser cautelosos con soluciones efectistas pero controversiales, como la instalación de detectores de metales, similares a la realidad norteamericana, que corren el riesgo de estigmatizar a las comunidades y terminan por validar la realidad delictiva en lugar de proteger el espacio pedagógico de ella.
La seguridad no se garantiza con vigilancia restrictiva, sino con una convivencia sana y un abordaje integral del entorno familiar. El Estado debe actuar ahora para evitar que el aula se convierta en una extensión más del mapa de violencia en el país. El resguardo de nuestras futuras generaciones depende de la capacidad de separar la escuela de la dinámica criminal.
Juan Castañeda
Investigador de la Universidad Autónoma de Chile
