Gobierno inicia inspección total del Estado y da 17 días a servicios para informar uso de recursos públicos
(www.minsegpres.gob.cl)
En su primera sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal se constituyó formalmente y acordó solicitar a los servicios públicos entregar, en un plazo de 17 días -hasta el 6 de abril-, información sobre el uso de los recursos fiscales entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026, iniciando así la revisión del estado en que se reciben las cuentas públicas.
La instancia presidida por la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, e integrada por los subsecretarios del Interior, Máximo Pávez; de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez y el representante del Gabinete Presidencial, Francisco Riveros, tiene por objetivo conducir y agilizar el proceso de inspección interna para generar un informe claro de la situación actual del Estado.
“Esta es una instancia clave que nos permitirá conducir y agilizar este proceso en un esfuerzo inédito donde activaremos a más de mil auditores internos para revisar el estado de las cuentas fiscales y decirle con total transparencia a los chilenos en qué se gastó cada peso público. Esta revisión aplicará para los órganos del Gobierno central y en caso de encontrar nuevos hallazgos o información, iremos derivando a los organismos correspondientes. Nuestro compromiso es avanzar con transparencia, responsabilidad y rapidez para los chilenos”, señaló la Subsecretaria Constanza Castillo.
Toda la información solicitada a los servicios públicos será procesada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Ese consejo deberá presentar los primeros hallazgos el 10 de abril.
La instancia señaló que el proceso contempla una entrega progresiva de información histórica: Entre el 6 y el 16 de abril se deberá remitir la información correspondiente a 2024; entre el 17 y el 27 de abril, la del año 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la correspondiente a 2022.
Asimismo, se priorizará cinco áreas claves de análisis de información: transferencias y convenios, compras públicas, contratos de relevancia fiscal, gestión de personas y ejecución presupuestaria, con el objetivo de revisar cómo se utilizan los recursos públicos y fortalecer los estándares de transparencia y control del Estado.
