Que el gobierno entrante haya partido ordenando cumplir los plazos legales en reclamaciones del SEA es una señal política relevante: no promete atajos, promete gestión. Resolver 51 recursos pendientes y destrabar inversión por US$ 16.300 millones puede significar más obras, crecimiento y empleo.
El instructivo fija máximos de 90 días para atrasos, 30 días hábiles para nuevos recursos y 60 días hábiles en el Comité de Ministros, tiempos que debieran cumplirse siempre. Cuando el Estado no respeta los plazos erosiona confianza y empuja a empresas y comunidades a la única salida que sienten efectiva: tribunales. Y ahí perdemos todos, porque la judicialización eterna genera incertidumbre.
Asimismo, debe haber una agenda pública sobre la capacidad y gestión del SEA, estándares de motivación de las resoluciones y participación temprana que reduzca conflictos posteriores. En simple: certeza jurídica no es “aflojar reglas”; es que los actos del Estado sean previsibles, fundados y oportunos.
Carlos Zeppelin
Vicepresidente
Consejo de Políticas de Infraestructura
