Señor Director
La implementación de la Ley 21.801 y la campaña #ModoAula han abierto una discusión necesaria sobre el uso de dispositivos móviles en los establecimientos educacionales. Regular su utilización es pertinente, puesto que la evidencia establece que el uso indiscriminado puede afectar la atención, la convivencia y el clima de aprendizaje. En ese sentido, avanzar hacia marcos claros de regulación es un paso responsable; sin embargo, el debate reciente ha puesto de relieve una tensión que merece mayor reflexión.
Mientras el celular es señalado como un distractor cuando está en manos de los estudiantes, su eventual prohibición para el profesorado ha generado una fuerte resistencia, precisamente porque muchos docentes lo consideran una herramienta habitual de trabajo. Esta reacción revela una paradoja que no puede ser ignorada: si el dispositivo es problemático en sí mismo, lo es para todos; pero si reconocemos que cumple funciones profesionales legítimas, entonces el debate no puede reducirse a la prohibición, sino que debe orientarse hacia criterios claros de uso pedagógico y acuerdos institucionales coherentes.
La ley establece que cada establecimiento debe elaborar sus propios protocolos, y es allí donde se abre una oportunidad para fortalecer regulaciones que no solo limiten, sino que también orienten y eduquen en el uso responsable de la tecnología.
Dr. Francisco Silva-Díaz
Académico Departamento Educación
Universidad Autónoma de Chile
