MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) - Un juez de Estados Unidos ha declarado este miércoles la ilegalidad de la política del Departamento de Seguridad Nacional que permite a las autoridades de inmigración deportar migrantes a terceros países --no los suyos-- sin notificárselo previamente ni darles la oportunidad de objetar.
"La política de deportación a terceros países (...) es ilegal", ha considerado el juez de distrito de Massachusetts Brian Murphy , que ha dejado "sin efecto dicha política", fallando así a favor de un grupo de extranjeros que presentaron una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad nacional.
Asimismo, el magistrado ha establecido que Seguridad Nacional, antes de proceder a una expulsión hacia un tercer país, debe "solicitar primero la expulsión al país de expulsión designado" por el individuo en cuestión "o al país o países alternativos" que especifique, así como al país o países de ciudadanía del individuo.
Al tiempo, los individuos que hagan frente a una expulsión a cualquier país "tienen derecho" a una "notificación significativa" previa, así como a una oportunidad para "presentar una reclamación específica por país contra la expulsión".
La sentencia, con todo, queda "suspendida hasta quince días" a la espera de apelaciones, como se espera que presente el Departamento de Seguridad Nacional, que, en un comunicado recogido por la cadena CBS, ha recordado que "el Tribunal Supremo ha emitido previamente dos suspensiones de emergencia por separado contra el juez Brian Murphy en este caso, y confiamos en que seremos reivindicados nuevamente".
La Administración de Donald Trump "tiene la autoridad constitucional para expulsar a estos inmigrantes ilegales delincuentes y resolver esta pesadilla de seguridad nacional", ha alegado la cartera de Kristi Noem, que ha reclamado "su autoridad legal" para "expulsar a los inmigrantes ilegales a un país dispuesto a aceptarlos".